En comisión por Cardama, García denunció al gobierno por utilizar informe de consultora sancionada en EE.UU.

Aunque el exministro de Defensa Javier García no estaba al frente de esa cartera cuando el gobierno uruguayo aceptó las garantías presentadas por el astillero Cardama —que luego se comprobó que eran falsas y carecían de respaldo financiero—, el líder de Alianza País ha sido uno de los más acérrimos defensores de la decisión de la anterior administración de contratar a la firma española.

También ha sido el dirigente político más cuestionado en los últimos meses por este tema. Sin embargo, el senador volvió a defender su decisión de firmar el contrato de compra – venta por 82 millones de euros de dos patrullas oceánicas, asumió la “responsabilidad política” como ministro y volvió a criticar al gobierno por rescindir el acuerdo entre el Estado uruguayo y la firma gallega.

“Tomé una decisión basada en informes técnicos y hubo dos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión que adoptamos. El tema no es quién es el responsable, sino como decide”, apuntó García en rueda de prensa, tas comparecer por casi cuatro horas ante la comisión especial que investiga el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas (OPV, por su sigla en inglés).

Desde filas opositoras, los miembros de la comisión destacaron a lo largo de la jornada la solidez con la que García respondió a los planteamientos y cuestionamientos formulados por el Frente Amplio (FA).

El exjerarca —que abandonó el cargo de ministro en marzo de 2024 y, por lo tanto, no estaba al frente de la cartera cuando se aceptaron las garantías falsas— también puso en tela de juicio un informe de la consultora Dun & Bradstreet (D&B) utilizado por el gobierno y el oficialismo e incluido en la investigación administrativa. Según el senador, la empresa fue denunciada y acusada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de “incurrir en prácticas engañosas y desleales” al emitir informes crediticios perjudiciales para pequeñas y medianas empresas y no corregirlos adecuadamente posteriormente.

“Y hacía cosas peores, elaboraba informes diciendo que (las empresas) estaban mal —en materia económica-financiera— y después les vendía otro para salvarlos. Los hundía y después les daba el salvavidas”, criticó duramente García, que cuestionó además que existió un hecho “grave e irregular” de parte de actores del Ministerio de Defensa al entregar de forma “engañosa y premeditada” a Presidencia el informe en cuestión como si se tratara de documentación oficial de la cartera.

En esta dirección, el exministro relacionó el hecho con un intento por parte del oficialismo para “construir un relato en la decisión de bajar el contrato con el astillero”.

“Pruebas no tengo, pero tengo el derecho a pensar que sí. Estoy convencido de que acá hubo fuertísimos intereses económicos que estuvieron por detrás para evitar que decidiéramos construir las patrullas oceánicas. Muy poderosos, que operaron durante 15 años durante los gobiernos del Frente Amplio y que bloquearon la decisión. Con nosotros no pudieron”, afirmó García, en referencia al poderoso lobby económico que caracteriza el mundo los astilleros.

En representación del FA, el diputado Joaquín Garlo cuestionó el proceso ocurrido entre 2022 y 2023, en los que los requisitos del pliego en la primera licitación para la construcción de las patrullas pasaron de ser más “80 a tres” cuando se decidió la compra directa a Cardama.

“Preguntamos específicamente si esa disminución de las exigencias técnicas tenían que ver con la oferta presentada por Cardama. No escuchamos respuesta a esa pregunta y no es un punto menor porque es lo que provoca reuniones con oficiales de la Armada y posteriores cambios a la propuesta inicial del astillero que se termina sustanciando en el contrato”, dijo.

En línea con lo planteado por el oficialismo, Garlo señaló que no se tuvo en cuenta las advertencias de un contralmirante que había elaborado un oficio por la falta de información disponible acerca de la “solvencia logística y económica” del astillero para llevar adelante la construcción de los dos patrulleros , dado que la empresa no tenía experiencia en este tipo de emprendimientos.

La semana próxima será el turno de comparecer del exministro Armando Castaingdebat —otorgó las prórrogas para la presentación de las garantías— y posteriormente lo hará la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo.

En defensa al contrato con Cardama, que fue firmado en diciembre de 2023 y rescindido en febrero de este año después de que el Estado uruguayo pagara US$ 30 millones por el cumplimiento de los primeros hitos, los diputados Maximiliano Campos, Felipe Schipani (Partido Colorado) y Gabriel Gianoli (Partido Nacional) respaldaron la actuación del exministro García y descartaron falta de transparencia en el proceso de adquisición.

“El senador García fue demoledor ante las preguntas del oficialismo. Estamos cansados de que se construya un relato fuera de la comisión. El proceso tuvo el trabajo técnico de la Armada y la decisión política del presidente Luis Lacalle Pou y del ministro García de tener patrullas oceánicas después de 20 años de pasearnos por astilleros. Fue una mala decisión del gobierno rescindir el contrato”, resumió Gianoli la postura de los partidos Nacional y Colorado.