La Asociación Trabajadores del Estado protestó el miércoles 21 de octubre frente a la Quinta de Olivos contra el plan de retiros voluntarios. El gremio rechazó el decreto 1203/26 y el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con el que el Gobierno quiere pagarlo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo: “No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario”. Agregó que, si los trabajadores firman, “estaremos avalando que a través de sus consultoras Sturzenegger y Caputo se sigan llenando de plata”. También cuestionó que Milei no estuviera en las sedes oficiales: “Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial”.

El plan alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Quienes adhieran no pueden volver al Estado durante ocho años, y los cargos que queden vacíos no se cubren. Citó cifras oficiales: de unos 341.000 empleados al inicio de la gestión, cerca de 72.000 ya no están en la planta.

Aguiar sostuvo que endeudarse con el BID para financiar esos retiros “es un delito” porque, dijo, está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para gasto corriente. El gremio habló además de despidos, contratos que no se renuevan y organismos vaciados. No publicó una respuesta del Gobierno a la movilización del miércoles.

Qué sigue

El decreto sigue vigente. ATE pidió que nadie adhiera. No hubo, en lo publicado, una contraoferta oficial después de la protesta en Olivos.