La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, perdió en apenas un mes buena parte del respaldo con el que asumió el 28 de julio. Las principales encuestadoras del país coinciden en que su aprobación cayó con fuerza en septiembre y que la desaprobación ya supera al apoyo, en un contexto dominado por la extorsión, los asesinatos a sueldo y la sensación de que el gobierno no tiene un plan eficaz contra el crimen.

Lo que dicen las encuestas

  • Datum: la aprobación bajó de 60% en agosto a 42% en septiembre, 18 puntos menos. La desaprobación subió de 24% a 44%. El sondeo se hizo del 11 al 15 de septiembre, con 1.204 entrevistas presenciales y un margen de error de 2,8 puntos.
  • Ipsos: la aprobación pasó de 57% a 42% y la desaprobación, de 25% a 48%. La encuesta se tomó el 3 y 4 de septiembre a 1.176 personas.
  • Instituto de Estudios Peruanos: ubica la aprobación todavía más abajo, en 37%.

El apoyo es mayor en Lima y Callao y mucho menor en el sur del país. En la medición de Ipsos, la aprobación en el sur llega apenas a 21%, con 73% de desaprobación.

La presión del crimen

El deterioro coincide con una ola de violencia que golpea sobre todo al transporte. En Lima, un conductor de miniván de 34 años murió quemado cuando atacantes lanzaron una bomba molotov dentro de su vehículo; sus compañeros denunciaron que pagaban 40 soles semanales a una banda para poder trabajar.

En el primer semestre hubo 21 atentados con explosivos contra transportistas y 33 ataques a balazos contra sus vehículos, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. En los últimos doce meses se registraron unas 27.000 denuncias por extorsión y 2.147 homicidios, de los cuales 169 ocurrieron en agosto, el primer mes del nuevo gobierno.

Un estudio de seguridad de Datum muestra que el 76% de los peruanos se siente inseguro en su ciudad, el 57% cree que el gobierno no tiene una estrategia de seguridad y el 84% considera que la Policía no hizo nada distinto para combatir el delito.

Facultades trabadas y estado de emergencia

Fujimori pidió al Congreso facultades para legislar por decreto durante 120 días en materia de seguridad: busca calificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas, ampliar la participación de las Fuerzas Armadas, endurecer penas y frenar la inmigración irregular. El pedido sigue sin aprobarse un mes después. «Están poniendo a prueba nuestra paciencia», advirtió la presidenta, aunque aseguró que actuará «dentro del marco democrático».

El respaldo ciudadano a esas facultades también bajó: según Datum, pasó de 67% a 54%. En cambio, el 80% apoya que los militares custodien el exterior de las cárceles y el 71% está de acuerdo con tratar a las bandas como grupos terroristas.

Mientras tanto, el gobierno declaró en emergencia Lima y Callao por 60 días, destituyó al jefe de la Policía Nacional y puso cinco cárceles bajo control militar. También anunció el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Estados Unidos contra el crimen organizado.

Para el analista Francisco Belaunde, de la Universidad de Lima, la caída responde a «cierto desorden que se ha visto en el gobierno» y a una inseguridad «que no se resuelve de la noche a la mañana».

Qué sigue

  • El Congreso debe resolver el pedido de facultades legislativas, clave para el plan de seguridad del Ejecutivo.
  • La emergencia en Lima y Callao rige por 60 días; las próximas encuestas mostrarán si las medidas frenan la caída del respaldo.