El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) denunció que durante más de 14 años el Ministerio del Interior mantuvo bajo reserva la cantidad de funcionarios asignados a cada cárcel del país, y difundió estimaciones que muestran una fuerte sobrecarga del personal frente a una población reclusa en aumento.

Según el sindicato, la reserva se remonta a una resolución ministerial de hace más de 14 años que invocó razones de seguridad para no divulgar las dotaciones por establecimiento. "Más de 14 años de opacidad sobre las cifras del INR", titula el documento.

Los números por cárcel

El informe se basa en un relevamiento del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). A partir de esos datos, Sitrapen calculó cuántos funcionarios están disponibles por turno: estimó que en cada turno de 12 horas trabaja cerca del 25% de la dotación policial —que representa el 64% del personal y cumple régimen de semana por semana— y que los operadores penitenciarios, el 30% de la plantilla, cubren dos turnos de ocho horas con una disponibilidad equivalente al 15% del total.

La Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar) encabeza ambas listas, con 72,6 presos por policía y 77,5 por operador penitenciario en cada turno. Le siguen las cárceles de Maldonado (57,6 y 61,4), Canelones (53,7 y 57,3), Paysandú (39,1 y 41,7) y la Unidad 5, femenina (33,6 y 35,9). El sindicato aclaró que se trata de estimaciones que no sustituyen los datos oficiales.

"La realidad es peor"

El presidente de Sitrapen, Germán Gutiérrez, advirtió que los cálculos son "en frío" y que la situación real es más grave. El personal técnico y administrativo representa apenas el 6% de la plantilla del INR, lo que obliga a policías y operadores a cubrir tareas ajenas a la custodia. A eso se suman certificaciones médicas, superposición de libres y custodias hospitalarias: un solo recluso internado puede requerir dos policías retirados de la guardia interna.

"En el exComcar figura un funcionario cada 77 personas privadas de libertad. Por el propio desenvolvimiento del servicio, puede pasar a más de 100, 200, 300 presos por funcionario", afirmó. Esa cifra es una advertencia sobre situaciones que pueden darse durante el servicio, no una relación constatada por el relevamiento.

Más presos, el mismo personal

Según los datos que maneja el sindicato, el país pasó de unas 11.732 personas privadas de libertad hace seis años a cerca de 16.000 el año pasado. En aquel momento, los informes del comisionado parlamentario registraban 4.290 funcionarios; el relevamiento de Cefopen identificó un universo inicial de 3.912. Las cifras no son estrictamente comparables, pero Sitrapen las usa para advertir que el crecimiento de la población carcelaria no fue acompañado por más personal.

"Si la dotación ya se consideraba crítica [seis años atrás], mantener prácticamente la misma cantidad de funcionarios ante una población penitenciaria sustancialmente mayor evidencia un deterioro más profundo", concluye el informe.

Qué sigue

Resta conocer la respuesta del Ministerio del Interior y del INR a las estimaciones del sindicato y si se levantará la reserva sobre las dotaciones por cárcel. Tampoco hay datos oficiales actualizados sobre la fuerza efectivamente disponible por turno en cada establecimiento.