Informe de GDA: el dinero opaco en la política y urnas electorales en América Latina, ¿qué pasa en Uruguay?

En América Latina, el crimen organizado descubrió que la política puede ser una inversión más rentable que una ruta de droga, que un socavón ilegal o una red de contrabando. Ya no es solo recurrir a la política de “plata o plomo” con autoridades electas. Cada vez más, las economías ilegales buscan intervenir antes: financian campañas, imponen candidatos, controlan territorios o capturan instituciones desde adentro.

Esta investigación de los medios del Grupo de Diarios América (GDA) muestra un patrón regional. Aunque con formas distintas en cada país, la lógica es la misma: las economías ilegales han dejado de ser actores externos al sistema político y, en varios casos, ya participan activamente en la competencia electoral. El narcotráfico sigue siendo el principal motor de esa infiltración, pero ya no actúa solo. La minería ilegal, el lavado de activos y la corrupción en la contratación pública han ampliado el mapa de riesgos.

México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina y El Salvador muestran señales claras de penetración criminal en la política. Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen como excepciones parciales: países con menor evidencia de infiltración directa, aunque con alertas que demuestran que ningún sistema está completamente blindado.

México ilustra un cambio: antes las economías ilegales corrompían autoridades electas. Hoy inician antes el proceso de corrupción financiando campañas para garantizar lealtades. Según datos recopilados por El Universal, dos décadas de reformas para blindar las elecciones frente al crimen organizado han fracasado. Pactos políticos, nuevos sistemas de fiscalización y reformas legales no han impedido que las organizaciones criminales sigan infiltrando candidaturas y campañas. David Saucedo, consultor en seguridad citado por el diario, resume el fracaso con crudeza: “Las políticas públicas que se han instaurado en México han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.

En Colombia, El Tiempo reporta una presión creciente del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción sobre el sistema electoral. La Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios en riesgo por fraude y violencia para las elecciones de este año, de los cuales 81 están en nivel extremo. El mapa coincide con territorios donde grupos armados y economías ilegales disputan control político y territorial.

En El Salvador, el problema es de debilidad institucional. La Prensa Gráfica recoge la advertencia de Acción Ciudadana sobre la fragilidad del sistema de fiscalización electoral. La organización sostiene que “la falta de fiscalización y transparencia permite la infiltración de financiamiento ilícito en la política”. Un magistrado electoral, bajo anonimato, advirtió incluso que “siempre existe probabilidad de que los partidos sean permeados por dinero ilegal”.

En muchos países, el financiamiento ilícito rara vez entra de manera directa a una campaña, sino que lo hace mediante empresas fachada, contratistas, testaferros, aportes fragmentados, efectivo no declarado o donaciones en especie. Ese es el caso de Brasil. Según informa O Globo, facciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han encontrado formas de influir en la política aprovechando vacíos legales y recurriendo a terceros para mover recursos sin dejar rastros evidentes.

República Dominicana, según reportes de Listín Diario, muestra otro patrón: la convergencia entre narcotráfico, lavado y financiamiento político. El caso Calamar expuso un esquema de recaudación de dinero no declarado mediante presiones a contratistas estatales para financiar campañas. En Colombia, el problema tiene antecedentes históricos, desde el Proceso 8000 hasta la reciente sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022 por superar topes legales y recibir aportes prohibidos.

En Perú, El Comercio describe una modalidad distinta pero igual de opaca. Muchos candidatos declaran financiar sus campañas con recursos propios o simplemente no registran aportes, lo que dificulta conocer el origen real del dinero. El problema se agrava en un país donde la minería ilegal movilizó más de US$11.500 millones en un solo año.

En algunos países, el recurso más valioso de las economías ilegales no es el dinero, sino el control territorial. Quien domina un municipio, una favela, una frontera o una región minera también puede influir decisivamente en la competencia electoral.

Brasil y México muestran con claridad esa dinámica. En Brasil la mayor herramienta es el control territorial. Carolina Grillo, investigadora de la Universidade Federal Fluminense, lo resume con claridad: “Prohíben a ciertos partidos hacer campaña o imponen candidatos”. En México, la violencia política se ha vuelto parte estructural de varios procesos electorales, especialmente en zonas donde organizaciones criminales disputan rutas y territorios.

Colombia ofrece una versión todavía más extrema. El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, atribuido por la Fiscalía a la disidencia Segunda Marquetalia, recordó que la violencia sigue siendo una herramienta eficaz para alterar la competencia política.

Según informa El Nacional de Venezuela, la relación entre economías ilícitas y política es estructural. En el Arco Minero del Orinoco y en estados fronterizos como Apure, Zulia y Táchira, minería ilegal, narcotráfico y contrabando operan en una lógica de captura estatal, donde la frontera entre poder político y economía ilegal se vuelve cada vez más difusa.

En muchos lugares las economías ilegales no solo financian candidaturas desde afuera, sino que colocan a sus operadores dentro del sistema político. Argentina ofrece casos reveladores. Según informes del diario La Nación, la Operación Sapucay expuso una red de narcotráfico en Corrientes con participación del intendente de Itatí y su vice. En Santa Fe, el senador Armando Traferri fue señalado por la fiscalía como articulador político de una estructura vinculada al juego clandestino y al financiamiento ilegal.

República Dominicana muestra una tendencia similar. Listín Diario documenta casi una veintena de casos de políticos vinculados al narcotráfico desde 2017, incluyendo diputados, alcaldes y regidores.

En Perú, la alarma gira en torno a la minería ilegal. El Comercio identificó 64 candidatos a senadores y diputados inscritos en el Reinfo, un registro cuestionado por servir como escudo para operadores ilegales. César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal, advierte que este mecanismo funciona como una forma de impunidad.

Mientras tanto otros países aparecen como países con menor evidencia de penetración criminal directa en campañas. En Uruguay, el diario El País no registra vínculos comprobados entre narcotráfico y campañas, aunque la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió sobre amenazas a operadores judiciales y posibles intentos de presión sobre legisladores y periodistas.

Por su parte, Costa Rica -según La Nación- tampoco reporta vínculos directos entre candidaturas y economías ilegales, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones abrió investigaciones preliminares sobre varios financistas por dudas sobre el origen de sus recursos. Chile, de acuerdo con El Mercurio, tampoco registra casos recientes de financiamiento electoral vinculado con economías ilícitas y mantiene controles institucionales más robustos.

Pero el desafío no termina en identificar las economías ilegales que buscan influir en la política. En casi todos los países analizados, seguir la ruta del dinero resulta cada vez más difícil. Brasil enfrenta el uso de testaferros y aportes fragmentados; Colombia identifica terceros, empresas fachada y donaciones en especie; en Perú muchos candidatos declaran autofinanciar sus campañas o simplemente no reportan aportes, mientras que en México el uso de efectivo y los gastos no declarados han permitido sortear sucesivas reformas. En El Salvador, incluso un magistrado electoral reconoce que las capacidades de fiscalización son insuficientes. La sofisticación de estos mecanismos demuestra que el desafío ya no consiste únicamente en impedir que el dinero ilícito entre a las campañas, sino en desarrollar instituciones capaces de detectarlo antes de que se transforme en poder político.

Las economías ilegales no financian campañas por afinidad ideológica. Buscan impunidad, control territorial, acceso a contratos públicos y capacidad para bloquear investigaciones. No se trata de donaciones provenientes de fuentes ilegales. Se trata de una deuda a futuro que ya está empezando a cobrarse.

Ángel Hugo Pilares / El Comercio (GDA) - Fuente: Datos recopilados por diarios del GDA