Niños que pasan meses sin ver a un defensor y entrevistas de cinco minutos: la alerta de la "cenicienta" del Poder Judicial por la falta de recursos

Los defensores públicos son quienes dan asistencia legal a aquellas personas que, por su nivel de ingresos, no pueden pagar por los servicios de un abogado particular, ya sea para representarlos como denunciados o como denunciantes.

Son la “cenicienta” del Poder Judicial —tal como se definieron por la escasa atención que reciben— pero representan “al 90% de las víctimas de violencia de género”, al “100% de los niños, niñas y adolescentes cuya situación de vulneración de derechos ingresa a un régimen de urgencia”, al “60% de quienes terminan en un asunto de familia común” y a “cerca del 90% de las personas privadas de libertad”.

En el Parlamento, representantes de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) alertaron por la situación crítica que viven estos profesionales que representan ante la Justicia a las personas más vulnerables. Esto se basa, según explicaron, en la falta de recursos y de personal, por lo que pidieron a los legisladores ser considerados en la Rendición de Cuentas que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento y que se concrete el viejo reclamo que prevé la descentralización de la defensoría para que deje de estar bajo la órbita del Poder Judicial.

Para ilustrar la situación que atraviesan, la presidenta de la asociación, Estefanía Broggi, puso el ejemplo de los niños institucionalizados (bajo la órbita del INAU), a quienes “muchas veces” no se logra asistir por la falta de recursos, según consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discute la rendición.

“Cuando mis compañeros tienen que ir a ver a ese niño, niña o adolescente institucionalizado, por falta de recursos, muchas veces no se los logra ver, o se los va a ver una vez y pasan meses para poder volver a ir, porque (...) no podemos dividirnos y estar en varios lados a la misma vez", sostuvo.

Y subrayó: “No es responsabilidad de los defensores, que dan todo lo que pueden. Es responsabilidad exclusiva del sistema político, que no da recursos. Discúlpenme, pero es responsabilidad de ustedes, que esos niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencias, hoy muchas veces queden sin asistencia. El único responsable para garantizar el real acceso a la Justicia de todas esas personas es el Estado”.

Reclaman por un mayor presupuesto para el Poder Judicial

Advirtió, además, que no existe una defensoría especializada en niñez y adolescencia, un reclamo que la asociación viene planteando "hace años". Según explicó, en las audiencias de urgencia siempre hay un defensor público, pero cuando aparece un niño o adolescente y el defensor ya está asistiendo al denunciante o al denunciado, "tiene que elegir a quién asistir; a ese grado, por no tener cargos, por no tener suficiente personal".

En Uruguay hay 318 defensores públicos, pero solo 308 activos a nivel nacional. De ese total de activos, 98 están en Montevideo y solo 28 se dedican a lo penal.

Esto en contraste con los 105 fiscales que están en la capital (y que se encargan de presentar pruebas y formular las acusaciones), según indicó la asociación en el Parlamento.

El Poder Judicial pidió en su Rendición de Cuentas más defensores —entre ellos suplentes para cubrir licencias— y la equiparación salarial pendiente, y dejó constancia de que trabajan con dedicación total. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no incluyó nada de eso, y en su proyecto la defensa pública solo figura para regular los pases en comisión, sin la partida por incompatibilidad absoluta que, según la asociación, sí perciben los magistrados.

“Los magistrados cobran una partida por incompatibilidad absoluta que nosotros no. Nosotros no podemos tener ni un kiosco”, graficó Broggi.

Y dijo que la falta de suplentes para cubrir vacantes por licencia o enfermedad repercute en la defensoría que ejercen estos abogados. “Hacemos entrevistas a víctimas, a niños y adolescentes de cinco minutos, porque no tenemos el tiempo suficiente para poder realizarlas”.

La presidenta de Adepu también alertó sobre la falta de defensores en los nuevos establecimientos carcelarios. Puso como ejemplo la ciudad de Libertad, donde —dijo— se construyeron nuevas unidades sin prever quiénes asistirían a las personas allí alojadas. "No sabemos quiénes van a atender a todas esas personas que están hoy en la unidad nueva de Libertad, y solamente contamos con dos defensores de ejecución", señaló. Para la asociación, cada vez que se crea un juzgado, una fiscalía o una nueva cárcel deberían incorporarse en simultáneo los cargos de defensa pública necesarios.