Nota archivada · Leer en La Nación
Oficial en Nueva York: Mamdani firma dos órdenes para prohibir cargos ocultos en las suscripciones
Imagen: La Nación · Ver original
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a proteger a los consumidores de las tarifas abusivas y de las llamadas “trampas de suscripción”, que derivan en recargos adicionales.
El alcalde y Samuel Leviney, el comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés), presentaron las órdenes ejecutivas Nº 9 y 10 durante una conferencia de prensa en el Asser Levy Recreation Center.
Mamdani y Levine dijeron que las normas representan una de las iniciativas municipales de protección al consumidor más sólidas del país y se basaban en la agenda de asequibilidad de Mamdani.
Las normativas fueron firmadas en enero de este año y estipulan las siguientes medidas:
Dicha orden tiene como foco combatir los cargos ocultos para proteger la economía de los neoyorquinos. Para ello, consolidó el Citywide Junk Fee Task Force, un grupo cuya función es coordinar para eliminar estos pagos extras.
El grupo, copresidido por la vicealcaldesa de Justicia Económica y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), instruye al organismo a adoptar todas las acciones necesarias para combatir los cargos ocultos, incluida la emisión de nuevas normas.
Esta medida, firmada el pasado 5 de enero, se titula “Lucha contra los trucos y trampas de suscripción”. Su propósito incluye proteger a los usuarios de ser inscritos de manera engañosa en suscripciones a través de las siguientes medidas:
Las medidas entraron en vigor de manera inmediata después de su publicación. Sin embargo, la normativa “Click-to-Cancel”, derivada de la orden ejecutiva Nº10 que obliga a las empresas a ofrecer un proceso de cancelación sencillo a las suscripciones, será obligatoria a partir del 1° de octubre.
Las empresas que violen esta regla deben pagar una restitución a los consumidores afectados y enfrentar penalidades civiles que comienzan en US$525 por cada violación.