La Justicia federal argentina declaró inconstitucional el decreto con el que el gobierno de Javier Milei promulgó la ley de financiamiento universitario y, en el mismo acto, suspendió su aplicación. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Poder Ejecutivo el "cumplimiento inmediato" de la ley 27.795 y el dictado de las normas necesarias para ejecutarla.

La sentencia hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades nacionales y docentes, acumulado con el de la Universidad de Buenos Aires. Las costas quedaron a cargo del Estado.

El argumento del fallo

El Congreso había aprobado la ley, Milei la vetó y ambas cámaras insistieron con dos tercios de los votos. Obligado a promulgarla, el gobierno lo hizo con una salvedad: la ejecución quedaba sujeta a una norma de administración financiera que suspende toda ley de gasto hasta que se definan sus fuentes y se incluyan las partidas en el presupuesto.

Para Cormick, esa fórmula "ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional" que configuró, en los hechos, "una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional". El juez recordó que la Constitución le asigna al Congreso, y no al presidente, la definición del gasto público, y que ante una ley insistida el Ejecutivo debe limitarse a promulgarla, no a suspenderla.

También rechazó el argumento de la falta de fondos: la propia ley prevé en su artículo 9 que el Ejecutivo reasigne créditos presupuestarios y que pueda financiarse con la recaudación que supere lo presupuestado. El magistrado señaló además que el país funciona con presupuestos prorrogados que el gobierno modificó varias veces por decreto, y que el costo estimado de la ley por la oficina técnica del Congreso rondaba el 0,23% del PBI.

Qué implica

La sentencia obliga a garantizar los fondos para salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial prevista ronda el 33%.

El fallo de fondo llega después de una cautelar del mismo juzgado que ya había ordenado cumplir los artículos sobre salarios y becas, que fue confirmada por la Cámara y quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del gobierno.

En paralelo, el gobierno firmó con el CIN y los gremios un acuerdo de aumento salarial del 24,33% en dos tramos, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y un aumento del 50% en las becas. El juez lo incorporó como hecho nuevo, pero no lo consideró un cumplimiento de la ley.

Qué sigue

La sentencia puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El gobierno impulsa además un proyecto para reformar la ley, que sigue sin tratamiento en las comisiones del Congreso, después de que fracasara su intento de derogarla a través del presupuesto.