La Fiscalía General de Bolivia admitió una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por el operativo policial conocido como caso Hotel Las Américas, y comenzó a reunir antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades.

La denuncia, presentada por la senadora Tomasa Yarhui y otros legisladores de la alianza Libre, atribuye a ambos los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad. El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que la solicitud fue remitida a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

"Nosotros hemos admitido la denuncia y hemos emitido ya la resolución fiscal de admisión de la causa", dijo Urioste, que asumió el cargo de forma interina tras la salida de Roger Mariaca.

El operativo

El caso se remonta a un operativo de una unidad policial antiterrorista en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, hace 17 años, en el que murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Otras dos personas fueron detenidas y denunciaron haber sido torturadas.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que Rózsa encabezaba un plan separatista. En el momento del operativo, Morales estaba de viaje en Venezuela y García Linera ejercía la presidencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuyó al Estado boliviano la muerte de Dwyer y calificó de tortura el trato a cuatro detenidos de la causa, sin identificar responsables individuales. Ese expediente está ahora ante la Corte Interamericana.

Un juicio especial

Como expresidente y exvicepresidente, Morales y García Linera solo pueden ser procesados mediante un juicio de responsabilidades, un procedimiento especial para autoridades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Según los denunciantes, el eventual juicio requiere además la autorización de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los votos.

Morales ya tiene órdenes de aprehensión en su contra por otras investigaciones, entre ellas una por trata agravada, que no están vinculadas a este caso.

Qué sigue

La Fiscalía reunirá antecedentes bajo control de la Sala Penal del Tribunal Supremo y tiene unas seis semanas para formular la acusación o archivar el caso. Resta conocer la respuesta de Morales y de García Linera.