El Frente Amplio le pidió este lunes 28 de setiembre de 2026 al Partido Nacional una explicación clara y elocuente por el caso de Pablo Leiva, asesor del edil Gonzalo Gómez, condenado en la Operación Trazador. El Secretariado Ejecutivo dijo que los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas.

Qué pidió

La declaración reconoce que las decisiones que el Partido Nacional hizo públicas el domingo avanzan en la dirección adecuada. Igual pide a las autoridades blancas que expliquen el alcance de los hechos vinculados a un integrante de su directorio, y que la bancada de la Junta Departamental de Montevideo dé explicaciones al cuerpo. También insiste en una reunión urgente de los partidos con representación parlamentaria para regular y transparentar el financiamiento político.

El senador Javier García respondió que el Frente Amplio no tiene autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional. Escribió que asumir la gravedad de la amenaza narco exige unir a las instituciones y no dividir a partir de una pretendida superioridad moral.

El caso

Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Una versión suma, además, un delito de tráfico interno de municiones. El volumen incautado no cierra en las crónicas: 250 kilos de pasta base, 260 kilos de pasta base o 265 kilos de droga. En la casa de Leiva también se describieron más de $ 3 millones en efectivo, varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.

Leiva figuraba como asesor de Gómez, edil de Montevideo del sector Por la Patria e integrante del directorio blanco en representación de la juventud. Su hijo Lucio también era asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes. Una versión dice que Lucio fue detenido y después desafectado de la investigación.

El domingo la Comisión de Asuntos Políticos recibió a Gómez, derivó el caso a la Comisión de Ética y aceptó la renuncia de Lucio a esa comisión de jóvenes. Gómez lo desvinculó como asesor y pidió licencia en el directorio hasta aclarar las responsabilidades.

La Policía investiga si una sucursal de cobranza a nombre de Laura Scalabrino Muga, esposa del exsenador Jorge Gandini, se usó en el esquema. Gandini, director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, dijo que no conoce a Leiva y que no tiene que ver con la actividad ilícita. Según su relato, Leiva pagaba en efectivo dos facturas del BPS de pequeñas empresas constructoras, en un local cuya franquicia tiene 13 meses.

La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano cerró la investigación sobre Leiva y otras dos personas ya condenadas. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, va a evaluar si abre una causa nueva.

Qué falta

  • La respuesta formal del directorio blanco y de la bancada en la Junta.
  • Si Rodríguez abre una investigación nueva por el local de cobranza.
  • El volumen exacto de la incautación, que las versiones no igualan.