El Parlamento italiano aprobó este jueves en forma definitiva la nueva ley electoral impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni, con 227 votos a favor y 164 en contra. Sus impulsores la bautizaron “Stabilicum” y sus detractores, “Melonellum”.

Al conocerse el resultado, los diputados de la centroizquierda se pusieron de pie con carteles que decían “legge truffa” (ley estafa), “salarios estancados” y “gasoil a 3 euros”.

Qué cambia

El nuevo sistema es proporcional, pero otorga un premio de mayoría de 70 diputados y 35 senadores a la coalición que gane con al menos el 42% de los votos en ambas cámaras. Si ninguna llega a ese umbral, rige la representación proporcional pura.

Las listas deberán presentar antes de la votación su candidato a primer ministro y su programa. Vuelve, en forma limitada, el voto de preferencia: habrá un cabeza de lista bloqueado, pero el elector podrá elegir a tres de los seis candidatos siguientes. La ley eliminó además la regla que impedía que un género superara el 60% de los cabezas de lista, lo que generó protestas, y cuadruplicó las firmas que necesitan los partidos nuevos para competir. El único punto de consenso fue que quienes estén fuera de su domicilio por trabajo o estudio podrán votar donde residen.

Meloni y la oposición

“La próxima vez que los italianos acudan a las urnas podrán elegirlo todo: el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y —una vez más— a su propio diputado”, celebró Meloni. Según analistas, con la ley anterior su reelección habría sido improbable: los sondeos muestran a la centroizquierda levemente adelante, mientras la Liga de Matteo Salvini cae frente a Futuro Nacional, el partido de extrema derecha del exgeneral Roberto Vannacci.

“Giorgia Meloni modifica la ley electoral aprovechándose de su mayoría, apenas unos meses antes de los comicios: es un escándalo absoluto”, protestó Nicola Fratoianni, de Alianza Verdes e Izquierda. En julio, Meloni había perdido por un voto una votación clave sobre la reforma y había advertido que un nuevo fracaso abriría una crisis de gobierno.

Qué sigue

La oposición anunció que recurrirá a la Justicia por considerar inconstitucionales varios puntos de la ley. La incógnita es si habrá un pronunciamiento antes de las elecciones del año próximo, que podrían celebrarse en mayo o junio, o en septiembre u octubre.