El presidente chileno, José Antonio Kast, decidió retirar del Congreso su reforma constitucional de seguridad, un proyecto que había definido como "un antes y un después". La decisión llegó después de cuestionamientos transversales, incluso desde parte del oficialismo, y en medio de una fuerte caída de su popularidad.

"Nosotros como gobierno no vamos a perseverar en la reforma que habíamos ingresado", dijo el martes el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. El Ejecutivo apostará en cambio por un texto de consenso elaborado por senadores de distintos sectores.

Qué proponía el plan original

Kast había presentado la reforma hace dos meses en cadena nacional. "Seremos implacables", dijo entonces. El proyecto planteaba ocho cambios a la Constitución, entre ellos un nuevo estado de excepción que podría decretarse por 240 días sin aprobación del Parlamento y restringir las libertades de movimiento y de reunión ante una grave amenaza a la seguridad pública.

Para aprobarse necesitaba cuatro séptimos del Senado, algo inalcanzable ante el rechazo de toda la oposición y de parte del oficialismo. El senador oficialista Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, sostuvo que la reforma "raya en lo iliberal". El expresidente Gabriel Boric la calificó como "una limitación de libertades inédita". Human Rights Watch también había advertido que ponía en riesgo los derechos de reunión y asociación, y en septiembre cientos de manifestantes protestaron en Santiago, con choques con la policía.

El texto de consenso

El miércoles, un grupo de senadores presentó una nueva propuesta que, según Alvarado, "cumple con los objetivos" del gobierno. La firmaron oficialistas como Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (Renovación Nacional) y opositores como Pedro Araya (PPD) y un senador de la Democracia Cristiana.

Tiene tres ejes: calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, separar a los presos para evitar que cometan delitos desde las cárceles y fijar en 30 días la duración de los estados de emergencia, con prórrogas sujetas a autorización parlamentaria. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que el texto aborda "las principales materias" de interés del Ejecutivo.

Popularidad en baja

Kast asumió en marzo tras ganar en diciembre el balotaje ante la comunista Jeannette Jara, con una campaña centrada en la mano dura contra el delito y la migración irregular. La falta de anuncios concretos erosionó su respaldo: en mayo destituyó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera de gobierno, Mara Sedini.

La encuesta Cadem de esta semana muestra un 32% de aprobación y un 65% de desaprobación, el nivel más alto de su mandato. Un 56% cree que la principal responsabilidad por la seguridad es del gobierno. Aunque la tasa de homicidios se triplicó en una década, de 2,5 a 6,7 cada 100.000 habitantes, sigue por debajo del promedio regional de 15, según la ONU.

Qué sigue

El Senado deberá tramitar el texto de consenso, que también requiere mayorías especiales por tratarse de una reforma constitucional. Resta ver si el cambio de rumbo le permite al gobierno recuperar apoyo en las próximas encuestas.