La primera Rendición de Cuentas de peso presupuestal del gobierno de Yamandú Orsi llegará el próximo lunes al plenario de la Cámara de Representantes con su aprobación en general prácticamente asegurada.

El Frente Amplio cuenta con 48 diputados y necesita alcanzar 50 votos. Cabildo Abierto confirmó este jueves que sus dos representantes, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, acompañarán el proyecto en general después de un acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo.

Esto no significa, sin embargo, que los más de 360 artículos vayan a aprobarse sin modificaciones. Cabildo Abierto adelantó que analizará cada disposición individualmente y los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pese a rechazar el proyecto en general, apoyarán una cantidad importante de artículos.

Durante la discusión en comisión, de hecho, 194 artículos recibieron respaldo unánime, mientras que otros 136 fueron votados únicamente por el Frente Amplio. Por lo tanto, buena parte del debate que comenzará el lunes estará en el contenido particular de la ley.

Más de $3.000 millones adicionales y cuatro grandes prioridades

El diseño presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas concentra los nuevos recursos en cuatro grandes áreas: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.

Para 2027, el aumento previsto alcanza aproximadamente los $3.094 millones.

La distribución original presentada por el MEF es:

  • Pobreza infantil: $1.257 millones.
  • Seguridad pública: $1.180 millones.
  • Educación: $407 millones.
  • Programa Calle: $200 millones.
  • INAU: $50 millones.

En 2028, el costo adicional previsto baja a $2.686 millones y para 2029 vuelve a aumentar hasta $2.862 millones, fundamentalmente por el crecimiento progresivo del nuevo régimen de transferencias para niños y adolescentes.

El mayor gasto de seguridad durante 2027 tiene además un importante componente inicial de inversiones y equipamiento que no se repite en los años posteriores.

Asignación Única: el cambio social más importante

La transformación de mayor alcance de la Rendición es la creación de una Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que busca concentrar y simplificar el actual sistema de transferencias.

Hoy conviven diferentes mecanismos, entre ellos asignaciones familiares contributivas, las asignaciones del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

La reforma apunta progresivamente a integrarlos dentro de un único esquema.

El Gobierno sostiene que esto permitirá reducir personas que deberían recibir prestaciones pero actualmente quedan fuera, simplificar el acceso y disminuir costos administrativos.

La prioridad estará puesta inicialmente en los primeros años de vida.

Para los niños de 0 a 3 años pertenecientes a los primeros cinco deciles de ingresos, los montos proyectados son:

  • Deciles 1 y 2: $10.000 mensuales por niño.
  • Deciles 3 y 4: $6.600.
  • Decil 5: $3.300.

El cambio será especialmente significativo para los hogares de menores ingresos. El propio MEF calcula que las transferencias para los niños de 0 a 3 años que ingresen al nuevo sistema aumentarán en promedio alrededor de 82%.

La implementación será gradual. En 2027 ingresarán los niños nacidos desde el 1.º de enero de 2025, lo que implicaría incorporar aproximadamente 53.842 beneficiarios al nuevo régimen durante el primer año.

Para 2028 se estiman 71.789 y para 2029, 89.736.

A partir de 2028 también comenzarán a incorporarse progresivamente los tramos de 4 a 17 años.

El Gobierno estima una reducción importante de la pobreza infantil

El MEF sostiene que, una vez implementado el nuevo esquema, podría reducirse aproximadamente 25% la pobreza dentro de los grupos de niños incorporados al nuevo régimen.

No significa que la pobreza infantil total del país vaya a caer automáticamente 25%, sino que ese es el efecto estimado específicamente sobre las cohortes alcanzadas por la reforma.

El Gobierno define la iniciativa como el mayor cambio del sistema de transferencias sociales de las últimas dos décadas.

Cabildo Abierto consiguió endurecer las condiciones

Este fue uno de los principales puntos de negociación entre el Gobierno y Cabildo Abierto.

El proyecto original contenía mecanismos vinculados al cumplimiento educativo. Cabildo reclamó que las transferencias estuvieran más estrechamente relacionadas con la alimentación, la atención sanitaria y la asistencia escolar de los niños.

El acuerdo alcanzado introduce varios cambios.

Las prestaciones se canalizarán mediante la Tarjeta Uruguay Social, en lugar de realizarse simplemente mediante una transferencia de efectivo.

Además, la reducción de la prestación ante incumplimientos de asistencia escolar pasará del 20% al 40%.

El Ejecutivo también asumió el compromiso de fortalecer los mecanismos para verificar alimentación y atención sanitaria de los niños beneficiarios.

Cabildo había planteado inicialmente incluso aumentar todavía más el dinero destinado a las asignaciones, pero el acuerdo final se concentró fundamentalmente en la forma de pago, las condiciones y los controles.

300 nuevos policías y una inversión fuerte en seguridad

La segunda gran prioridad es seguridad.

El proyecto crea 300 nuevos cargos de policía ejecutivo, con un costo previsto de aproximadamente $364 millones en 2027 y $352 millones anuales posteriormente.

Pero los nuevos policías constituyen solamente una parte de la inversión.

El Plan de Seguridad recibirá aproximadamente $1.180 millones en 2027.

Se prevén recursos para:

  • nuevos efectivos policiales;
  • vehículos y movilidad;
  • sistemas de identificación biométrica;
  • tecnología de monitoreo;
  • implementación y ampliación de sistemas como ShotSpotter;
  • salas de monitoreo focalizado;
  • seguridad penitenciaria;
  • tótems de atención ciudadana;
  • políticas de prevención y atención de violencia de género.

De los $1.180 millones destinados a seguridad en 2027, unos $768 millones corresponden a otros gastos e inversiones además de los cargos policiales y el sistema penitenciario.

Para 2028 y 2029 la partida extraordinaria de seguridad disminuye a $418 millones anuales porque buena parte de la inversión inicial ya estaría realizada.

Cárceles: más recursos para trabajo de personas privadas de libertad

Como resultado de la negociación parlamentaria se agregará además una partida inicial de $20 millones anuales para el Instituto Nacional de Rehabilitación.

El objetivo es financiar talleres, infraestructura y programas que permitan ampliar las posibilidades de trabajo de personas privadas de libertad.

El proyecto original ya destinaba recursos al fortalecimiento de la estructura del sistema penitenciario y a seguridad dentro de las cárceles.

Educación: ANEP, becas universitarias y UTEC

La Rendición destina unos $407 millones adicionales a educación en 2027.

La distribución presentada originalmente por el MEF establece:

  • ANEP: $300 millones.
  • Universidad de la República: $100 millones para becas.
  • UTEC: $7 millones.

Desde 2028 la partida adicional pasa a $307 millones anuales.

En ANEP, parte de los recursos estará orientada al fortalecimiento de la alimentación en educación media. En UdelaR se busca incrementar las becas estudiantiles, mientras que en UTEC los recursos se vinculan, entre otras cosas, con remuneraciones.

$200 millones anuales para personas en situación de calle

Otro de los ejes de la Rendición es la creciente cantidad de personas en situación de calle.

Se agregan $200 millones anuales desde 2027.

El Gobierno plantea evolucionar desde un modelo fundamentalmente basado en refugios y respuestas de emergencia hacia dispositivos de convivencia e inclusión que permitan una mayor autonomía y soluciones de más largo plazo.

A esto se suman $50 millones anuales para el INAU destinados, entre otros objetivos, a acogimiento familiar, atención de situaciones de violencia y adquisición de infraestructura.

Cooperativas de vivienda: cambio en el IVA

Otro artículo de impacto importante establece un beneficio de IVA para las cooperativas de vivienda.

El mecanismo previsto permite recuperar el impuesto correspondiente a bienes y servicios incorporados directamente a las obras de construcción de los proyectos cooperativos.

La normativa habilita al Poder Ejecutivo a reglamentar los requisitos y eventualmente establecer límites por proyecto.

La medida comenzaría a regir en 2027 si completa su aprobación parlamentaria.

Además, dentro del acuerdo con Cabildo Abierto, el Ejecutivo se comprometió a incrementar recursos destinados a acelerar la escrituración de cooperativas.

De dónde sale el dinero

Este es probablemente el punto económico más importante de toda la discusión.

El Gobierno sostiene que las nuevas prioridades no serán financiadas mediante un gran aumento general de impuestos.

El esquema presentado por el MEF plantea obtener aproximadamente 60% de los recursos mediante reasignaciones presupuestales y alrededor de 40% mediante mayor recaudación y modificaciones o reducción del denominado gasto tributario.

Para 2027 originalmente se proyectaron aproximadamente $1.837 millones en reasignaciones.

Entre ellas aparecen:

  • $430 millones en reducción o redistribución de gastos de funcionamiento;
  • $82 millones en misiones oficiales, protocolo y otros conceptos;
  • $891 millones mediante supresión de determinadas vacantes de ingreso;
  • $434 millones provenientes de una reducción de la asignación prevista para el Instituto Nacional de Colonización.

Las supresiones generales de vacantes excluyen policías, militares, personal educativo y diplomático.

Parte de la estructura inicial deberá, no obstante, ajustarse después de las negociaciones realizadas en Diputados.

Cabildo logró frenar reasignaciones en las Fuerzas Armadas

Una de las concesiones más importantes realizadas por el Poder Ejecutivo fue retirar los artículos que redireccionaban determinadas partidas de funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Cabildo Abierto había colocado este punto como una de sus prioridades para apoyar la Rendición.

El Gobierno también asumió el compromiso político de estudiar un aumento salarial para el personal militar subalterno en la próxima Rendición de Cuentas, es decir que esa mejora no forma parte del gasto que se aprobará ahora.

Menos funcionarios públicos: compromiso para analizarlo

Cabildo Abierto había presentado una propuesta mucho más ambiciosa: reducir aproximadamente 1% anual la cantidad total de funcionarios públicos hasta acumular una disminución de 10%.

El Gobierno no incorporó ese objetivo automáticamente a la Rendición.

Lo acordado fue profundizar la revisión de gastos considerados prescindibles y estudiar hacia adelante alternativas para reducir el peso de la estructura estatal.

Por lo tanto, no se aprobó una reducción automática de 10% de los funcionarios públicos. Existe un compromiso político para analizar el tema.

Endeudamiento de las familias: habrá otro proyecto

Otro resultado de las negociaciones no pertenece estrictamente a la Rendición de Cuentas, pero puede convertirse en uno de los temas políticos más relevantes de los próximos meses.

El Poder Ejecutivo asumió el compromiso de avanzar, dentro de un plazo aproximado de 180 días, en un proyecto de ley sobre el endeudamiento de los hogares.

La iniciativa debería contemplar tanto deudas privadas como obligaciones con empresas y organismos públicos.

Los detalles todavía no están definidos y deberán negociarse en una ley independiente.

No prosperó por ahora el impuesto extraordinario a los bancos

Cabildo Abierto había presentado también una propuesta para aplicar un gravamen temporal de aproximadamente 5% sobre determinadas ganancias del sistema bancario y administradoras de crédito.

El objetivo era utilizar esos fondos para financiar un aumento todavía mayor de transferencias y otras medidas sociales.

Esa propuesta no forma parte del acuerdo que habilitó los votos para la Rendición.

Tampoco fue incorporada la propuesta de Cabildo de aumentar US$20 millones anuales el presupuesto de Vivienda en los términos originalmente planteados.

Comercio electrónico: aparece el “botón de arrepentimiento”

La Rendición también contiene artículos alejados de la discusión estrictamente presupuestal que pueden afectar directamente a empresas y consumidores.

Uno de ellos modifica las reglas de las compras a distancia.

El proyecto propone pasar de los actuales cinco días hábiles a 10 días corridos para ejercer el derecho de arrepentimiento en determinadas compras realizadas por internet, teléfono u otros medios a distancia.

Además, las páginas de comercio electrónico deberán incorporar un “botón de arrepentimiento” visible, que permita al consumidor iniciar directamente la cancelación.

Cuando corresponda el desistimiento, el comercio deberá reintegrar el dinero y, en compras financiadas, realizar las gestiones necesarias para cancelar o devolver los pagos.

La propuesta generó cuestionamientos de empresas vinculadas al comercio electrónico, que consideran que puede agregar costos y complejidad a las empresas uruguayas. Defensa del Consumidor sostiene, en cambio, que aumenta la transparencia y acerca la normativa nacional a la existente en otros países del Mercosur.

Positivo de cocaína al volante: se podrá retirar la libreta

Otro cambio modifica la normativa de seguridad vial.

Actualmente existe un régimen específico de inhabilitación para alcohol y cannabis, pero un resultado positivo de cocaína no genera exactamente las mismas consecuencias administrativas.

El proyecto busca cerrar ese vacío.

Cuando un conductor dé positivo a cocaína u otras sustancias incompatibles con una conducción segura, la autoridad podrá retirar preventivamente la licencia de conducir y remitir las actuaciones a la Intendencia correspondiente.

Las cuentas públicas detrás de la discusión

La Rendición llega al Parlamento en un escenario económico algo menos favorable que el que el Gobierno había proyectado originalmente.

La economía uruguaya creció 1,8% durante 2025, frente al 2,6% que se había manejado inicialmente.

Para 2026, el MEF proyecta ahora un crecimiento de 1,6%; para 2027, 2,1%; y para 2028 en adelante, alrededor de 2,4% anual.

El resultado fiscal global del Gobierno Central-BPS terminó 2025 en aproximadamente -4,1% del PIB.

El resultado fiscal estructural fue -3,9%, coincidiendo con la meta fijada para ese año, y el endeudamiento neto alcanzó US$3.079 millones frente a un límite legal de US$3.450 millones.

El Gobierno utiliza estos datos para sostener que existe margen para introducir nuevas prioridades sin abandonar la trayectoria fiscal.

La advertencia del Consejo Fiscal Autónomo

El Consejo Fiscal Autónomo introdujo, sin embargo, una señal de cautela.

Sus expertos manejan perspectivas de crecimiento algo inferiores a las utilizadas por Economía.

Mientras el MEF proyecta un crecimiento de 1,6% para 2026, el Comité de Expertos manejó 1,3%.

Para 2027, la diferencia es de 2,1% frente a 1,7%, y para 2028-2030 de aproximadamente 2,4% frente a 2%.

La importancia de estas diferencias está en que un crecimiento menor suele implicar menor recaudación y hace más difícil reducir el déficit.

El MEF respondió que su estimación utiliza información posterior a la disponible para los expertos, incluido el dato del primer trimestre de 2026, y destacó que el propio CFA considera alcanzable la meta de resultado fiscal estructural prevista para este año.

Economía también señala que incluso en un escenario de crecimiento menor la deuda neta proyectada para 2029 permanecería por debajo del ancla fiscal de 65% del PIB.

La oposición comparte prioridades, pero cuestiona la estrategia económica

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente resolvieron no acompañar el proyecto en general.

Sin embargo, esto no significa que rechacen todas sus medidas.

Los partidos de la Coalición Republicana han manifestado coincidencias con el aumento de recursos para seguridad, infancia, educación y situación de calle.

El principal cuestionamiento está dirigido a la situación fiscal, las proyecciones económicas y la forma elegida para financiar parte de las nuevas partidas mediante eliminación de vacantes y reasignaciones entre organismos.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo durante la discusión en comisión que el Gobierno ya registró desvíos respecto de sus previsiones de crecimiento y cuestionó la consistencia de la política presupuestal. También criticó que se eliminen cargos en organismos como los ministerios de Ambiente y Desarrollo Social y en áreas vinculadas al control del tránsito aéreo.

El oficialismo responde que la Rendición mantiene las metas fiscales, no introduce un incremento generalizado de impuestos y prioriza áreas en las que existe un amplio consenso político sobre la necesidad de aumentar los recursos.

Una Rendición que define las prioridades del Gobierno

Más allá de los cientos de artículos que integran el proyecto, la Rendición de Cuentas deja bastante clara la orientación elegida por el gobierno de Yamandú Orsi para esta etapa del período.

La mayor apuesta está en la primera infancia, con un incremento sustancial de las transferencias para los hogares de menores ingresos.

El segundo componente fuerte es la seguridad, con 300 nuevos cargos policiales y una inversión inicial importante en tecnología, movilidad y sistema penitenciario.

Educación y personas en situación de calle completan el núcleo principal del incremento presupuestal.

El desafío estará del otro lado de la ecuación: conseguir que las reasignaciones, mejoras de recaudación y reducción del gasto tributario efectivamente permitan financiar las políticas sin deteriorar las metas fiscales.

Qué ocurre ahora

La Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto el lunes 17 de agosto y tiene como límite constitucional para expedirse el viernes 21.

Con los 48 votos del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto, la aprobación en general quedó encaminada.

Después comenzará la votación artículo por artículo, donde las mayorías pueden variar y todavía pueden producirse modificaciones.

Una vez finalizado el trámite en Diputados, la Rendición deberá continuar su tratamiento en el Senado.

Por eso, aunque el acuerdo entre el Gobierno y Cabildo Abierto despejó el principal obstáculo político, el texto que finalmente se convierta en ley todavía no está completamente cerrado.

Lo que sí parece definido es el núcleo de la Rendición: una fuerte expansión de las transferencias para la primera infancia, nuevos recursos para seguridad, educación y situación de calle, financiados principalmente mediante reasignaciones y cambios en la utilización de recursos existentes, mientras el Gobierno intenta mantener sin modificaciones sus principales metas fiscales.