La Justicia convocó para las 13 horas de este jueves una audiencia para prorrogar las medidas cautelares contra Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, fundadores de República Ganadera, en la causa penal que investiga el colapso del fondo ganadero que dejó unos 1.400 damnificados y un pasivo estimado en US$ 95 millones.

La convocatoria surge de un decreto firmado el 6 de octubre por el juez Alejandro Asteggiante, que citó a los empresarios y su defensa, a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno y a los abogados de las víctimas. Las medidas impiden a Jasidakis y Mussio salir del país mientras avanza la investigación. En febrero ya habían sido prorrogadas por seis meses, entonces sin audiencia, porque la defensa se allanó.

“Una afrenta al sistema de justicia”

El decreto fue difundido por el abogado Juan Pablo Decia, que representa a inversores damnificados, con un mensaje duro contra la Fiscalía: “A dos años de las denuncias se sigue postergando la formalización de la investigación, pese a la contundente evidencia incriminatoria. Una verdadera afrenta al sistema de justicia. La Fiscalía de Económicos de 1° Turno totalmente desarmada. Aquí sus consecuencias”.

La versión de los fundadores

Jasidakis y Mussio declararon por primera vez ante la Fiscalía el 16 de diciembre pasado. Su defensor, el penalista Eduardo Sasson, anunció al inicio de esa instancia que no responderían preguntas de los abogados de los denunciantes, por lo que Decia y Fernando Posadas se retiraron. Para entonces ya habían declarado más de 15 personas vinculadas a la empresa.

Los empresarios atribuyeron la caída a la sequía, que según su relato volvió negativos los números del negocio durante varios años, y al derrumbe del Grupo Larrarte, la primera firma del sector en caer. También dijeron haberse reunido con Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, quien les habló de un “salvataje” que no se concretó tras su muerte en un accidente de tránsito.

El concurso

República Ganadera cayó hace casi dos años. La Justicia declaró luego su concurso, apartó a sus autoridades y designó síndica a Zamira Ayul. La propuesta de los exdirectores para devolver el 100% del capital en nueve años no reunió las adhesiones necesarias y en noviembre del año pasado se decretó la liquidación, pero en mayo el Juzgado de Concursos de 2° Turno revocó esa decisión y convocó a una nueva junta de acreedores para considerar el convenio.

Según la rendición de cuentas de la sindicatura, al 31 de marzo los activos computables sumaban US$ 9.574.901 y la venta de ganado había alcanzado casi US$ 12 millones, con más de 16.000 vacunos vendidos.

Se prorrogaron las cautelares

En la audiencia de este jueves la Justicia prorrogó nuevamente las medidas contra Jasidakis y Mussio: la prohibición de salir del país sin autorización previa y la retención de sus documentos de viaje. Como la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno no tiene titular tras el traslado de Alejandro Machado, la audiencia la tomó la fiscal de Estupefacientes Patricia De Amorín.

Decia sostuvo que "ya hay evidencia por demás suficiente como para formalizar la investigación" y que la explicación es que esa fiscalía "está desarmada", sin titular ni adjuntos. Anunció que pedirá una reunión con la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento y que evalúa una "demanda al Estado por la falta de servicio de Fiscalía", planteo que hizo en la propia audiencia.

Qué sigue

Resta conocer si el juez prorroga las cautelares y por cuánto tiempo, y cuándo la Fiscalía de Delitos Económicos resolverá si formaliza la investigación contra los fundadores. En paralelo sigue abierto el proceso concursal con la nueva junta de acreedores.