Uruguay cerró el primer semestre de 2026 con 195 homicidios dolosos consumados, 12 más que durante el mismo período de 2025. El incremento fue de 6,6% y convirtió a los primeros seis meses del año en el semestre con mayor cantidad de homicidios registrado desde 2015.
Los datos surgen del último Boletín Semestral de Estadísticas Criminales elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.
El crecimiento se concentró particularmente entre abril y junio y tuvo como principales focos a Montevideo y Canelones. También aumentó el peso de las armas de fuego: el 74,9% de los homicidios cometidos durante el semestre utilizaron este tipo de armas, frente al 63,9% registrado un año antes.
El dato contrasta con otro de los principales mensajes surgidos de las estadísticas oficiales: las denuncias por numerosos delitos contra la propiedad continúan descendiendo.
Durante el primer semestre de 2026 las rapiñas denunciadas bajaron aproximadamente 4%, pasando de 8.087 a 7.762 casos. Los hurtos descendieron 7,5%, desde 53.154 hasta 49.187, mientras que los vehículos hurtados bajaron 8,3% (de 6.943 a 6.370). En total, los delitos denunciados disminuyeron 3,7%.
El problema detrás de las denuncias
Sin embargo, una caída en la cantidad de denuncias no necesariamente representa una disminución equivalente en la cantidad real de delitos.
El propio Ministerio del Interior realiza una aclaración fundamental en su informe: sus estadísticas reflejan únicamente los hechos conocidos por la Policía, ya sea porque fueron denunciados o porque existió una actuación policial de oficio.
Esto cobra especial relevancia al comparar esas cifras con la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que pregunta directamente a la población si sufrió determinados delitos independientemente de que los haya comunicado a la Policía.
Los resultados muestran una diferencia considerable.
Durante el primer semestre de 2025, apenas el 39,2% de los robos declarados por las víctimas terminó en una denuncia formal, según el módulo de victimización de la ECH.
En otras palabras, aproximadamente seis de cada diez robos sufridos por la población no quedaron registrados mediante una denuncia formal en una comisaría.
El fenómeno tampoco parece excepcional. Durante el segundo semestre de 2024 solamente el 35,1% de los robos había sido denunciado formalmente, según el INE.
La categoría utilizada por el INE comprende robos de vehículos, objetos sustraídos del interior de vehículos, robos en viviendas y robos o asaltos fuera del hogar.
La “cifra negra” del delito
La diferencia entre los delitos que efectivamente ocurren y aquellos que llegan a conocimiento de las autoridades es conocida en criminología como “cifra negra” o subregistro del delito.
Esto introduce una dificultad importante a la hora de interpretar estadísticas basadas exclusivamente en denuncias.
Si disminuyen los hurtos denunciados, por ejemplo, pueden estar ocurriendo simultáneamente dos fenómenos: una reducción real de los delitos y una variación en la disposición de las víctimas a realizar la denuncia.
Las encuestas de victimización fueron incorporadas precisamente para intentar medir esa parte de la criminalidad que las estadísticas policiales tradicionales no pueden observar.
Por ese motivo, afirmar simplemente que “los delitos bajaron” a partir de la cantidad de denuncias puede ofrecer una fotografía incompleta.
Homicidios: un indicador diferente
En los homicidios el problema de la subdenuncia prácticamente desaparece, debido a que se trata de un hecho que necesariamente genera intervención institucional en la enorme mayoría de los casos.
Por eso la evolución de los homicidios constituye uno de los indicadores más utilizados internacionalmente para analizar el nivel de violencia de una sociedad.
Y allí la señal de 2026 es negativa.
Los 195 homicidios registrados entre enero y junio representan el mayor número para ese período desde 2015, aunque el Ministerio del Interior señala que los valores todavía se encuentran dentro de la franja de relativa estabilidad observada desde 2022.
El escenario deja entonces dos fotografías diferentes de la seguridad pública uruguaya: por un lado, una reducción sostenida en muchas categorías de delitos denunciados; por otro, un aumento de la violencia homicida y una encuesta de victimización que demuestra que una porción muy importante de los delitos contra la propiedad nunca llega a transformarse en una denuncia formal.
La pregunta que queda abierta es cuánto de la caída registrada en las estadísticas policiales corresponde a una reducción efectiva del delito y cuánto permanece fuera de los registros oficiales.
Hechos contrastados con el Boletín AECA del Ministerio del Interior, el INE y cobertura de El Observador, Infobae y la diaria.
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