MSP marca reparos al proyecto frenteamplista de servicio obligatorio en ASSE por dos años para especialistas

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, y el diputado frenteamplista Luis Gallo presentaron esta semana en el Parlamento reparos al proyecto de ley impulsado por su correligionario Federico Preve. La iniciativa plantea obligar a los médicos especialistas recién recibidos, y a otros profesionales de la salud, a trabajar durante dos años en prestadores públicos al terminar sus estudios, con el fin de revertir el déficit de profesionales, sobre todo en el interior del país.

La iniciativa establece que estos profesionales deban prestar, con “carácter preceptivo y transitorio”, servicio de atención médica en unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otros prestadores públicos por hasta 16 horas semanales. En caso contrario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional”, indica el texto del proyecto de Preve.

En la pasada semana, en una instancia parlamentaria, cuando llegó el turno de analizar esta propuesta, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cedió la palabra a Briozzo, quien sostuvo que, para el MSP, el proyecto “comparte plenamente el diagnóstico sectorial” en referencia a las “importantes desigualdades territoriales” de médicos. No obstante, marcó tres reparos.

“Desde nuestro punto de vista faltaría definir algunos aspectos que tienen que ver con el alcance subjetivo, ya que no nos resulta claro qué categorías de profesionales quedarían comprendidas por el proyecto de ley”, planteó Briozzo, como vocero del MSP en el tema, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

“Además, la propuesta atribuye al MSP la determinación de necesidades asistenciales y la asignación de profesionales, sin establecer mecanismos claros de coordinación con los prestadores ni definir las condiciones de contratación, supervisión y financiamiento”, acotó el jerarca.

“En tercer lugar, el proyecto no incorpora todo lo referente a los costos económicos vinculados a la radicación, a lo que se suman interrogantes con respecto a la viabilidad jurídica de condicionar el registro y la habilitación de profesionales al cumplimiento de una prestación obligatoria, así como sobre la capacidad real del sistema de absorber la totalidad de los profesionales alcanzados por la ley propuesta”, remató Briozzo.

En tanto, el duputado Gallo, tal como adelantó a El País semanas atrás, apuntó que la obligatoriedad del proyecto es una “traba importante” a resolver. “A mi entender, y según todos los informes que tengo, existe una incompatibilidad; es imposible obligar porque trae trastornos importantes en el trabajo”, dijo.