La Corte Suprema de Justicia de Argentina revocó este martes la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el gobierno de Javier Milei en el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Con esa decisión vuelve a regir la derogación y quedan sin efecto los límites específicos que la norma imponía a la compra y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que aceptaron el recurso extraordinario presentado por el Estado y rechazaron la demanda.

Por qué se rechazó el amparo

La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que pidió declarar la inconstitucionalidad y la nulidad del artículo 154 del decreto y de todos los actos realizados sin aplicar la ley desde su entrada en vigor. La organización sostenía que la derogación facilitaba la extranjerización del territorio y la formación de latifundios, con consecuencias sobre la soberanía.

La Corte resolvió el caso por una cuestión previa: entendió que la asociación no tenía legitimación para promover esa acción colectiva y que no existía un caso o controversia judicial en los términos que exige la Constitución. Según el fallo, la soberanía que invocaba la entidad es la referida a las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes, reconocida en una cláusula transitoria de la carta magna.

Lo que la Corte no dijo

El tribunal aclaró expresamente que su sentencia no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del decreto ni interfiere con la potestad del Congreso para revisar las normas de urgencia. Aun así, en la práctica, al caer la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, la derogación vuelve a tener efecto.

En marzo de 2024, la Sala III de esa cámara había revocado un rechazo inicial del amparo, declarado inconstitucional el artículo cuestionado y ordenado registrar el expediente como proceso colectivo.

Qué establecía la ley

La ley 26.737 regulaba la titularidad y posesión de tierras rurales para usos agropecuarios, forestales y turísticos, entre otros. Limitaba la propiedad por parte de extranjeros, fijaba criterios y excepciones, y había creado un Registro Nacional de Tierras Rurales y un consejo interministerial encargado de su control.

Qué sigue

  • Posibles nuevas demandas de actores que sí acrediten legitimación, ya que la Corte no se expidió sobre el fondo.
  • El eventual tratamiento del decreto por parte del Congreso.
  • La reacción de sectores políticos y rurales que cuestionan la derogación.