En 2026 la Federación Rural, que preside Rafael Normey, presentó un plan piloto para bajar la población de perros sueltos. El ensayo es en Cerro Largo, el departamento donde la gremial dice que el problema es más grave, y busca un protocolo que después pueda repetirse en el resto del país.

El plan propone un censo urbano y rural orientado a la castración y al registro, con la meta de cubrir al menos el 70% de los perros del departamento en el primer año. También plantea refugios transitorios en dependencias del Ejército, donde los animales serían castrados, chipeados y ofrecidos en adopción. La captura de perros sueltos y sin dueño quedaría coordinada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Intendencia de Cerro Largo, junto con el Instituto Nacional de Bienestar Animal.

La gremial apoya el pedido en el censo de 2023: en Uruguay hay un perro cada 2,4 personas, casi cinco veces la relación de un perro cada diez personas que usa como referencia la Organización Mundial de la Salud. En el campo, la federación denuncia ataques reiterados a ovinos, y también a vacunos y equinos, y dice que hay familias que dejan la producción. En las ciudades marca el riesgo para quien camina, para el tránsito, para la basura y para la salud. La Comisión de Zoonosis, según el documento, registra un aumento de la hidatidosis en personas y de tenia equinococcus en perros.

La legislación ya exige tenencia responsable, identificación y castración. La federación sostiene que ese cumplimiento falla y que por eso las políticas no llegan.

Qué sigue

  • Si Interior, Defensa, la intendencia y el INBA aceptan el piloto.
  • El censo de base en Cerro Largo.