La diputada del Partido Nacional Leydis Aguilera presentó un proyecto de ley para que los extranjeros que trabajan en Uruguay mediante convenios de cooperación internacional —como los médicos cubanos del Hospital de Ojos José Martí— cobren directamente su remuneración, conserven sus documentos y queden bajo la fiscalización laboral del Estado uruguayo.

La iniciativa, ingresada el miércoles en la Cámara de Representantes, llega después de que el canciller Mario Lubetkin confirmara que el gobierno modificó el mecanismo de pago a la brigada. Hasta ahora, el Banco de Previsión Social transfería una partida a las autoridades cubanas en el marco de un acuerdo de cooperación. "El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional", explicó el ministro, que dijo haber alcanzado un entendimiento con Estados Unidos y Cuba para asegurar la continuidad de los 20 médicos.

Qué propone

El proyecto establece que los pagos deberán hacerse mensualmente, en territorio uruguayo y directamente al trabajador, por canales que permitan verificar que el dinero llega a su destinatario. Las remuneraciones deberán guardar una "razonable equivalencia" con funciones similares en el sector público, sin equiparación automática.

La Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo podrá pedir documentación, inspeccionar, entrevistar a los profesionales y verificar las modalidades de pago. El texto prohíbe represalias contra quienes denuncien irregularidades y garantiza la libre disposición de los documentos de identidad y de viaje. Alcanzaría también a los convenios vigentes, que deberían adecuarse sin interrumpir los servicios a la población.

"Quien trabaja en Uruguay merece saber cuánto cobra, recibirlo a su nombre mediante canales financieros trazables, tener sus documentos consigo y no quedar atado a voluntades ajenas", señala la exposición de motivos.

"No lo denuncia solo Washington"

Aguilera reconoció los resultados del programa oftalmológico —más de 119.000 cirugías y casi un millón de consultas, según sus cifras—, pero sostuvo que no pueden servir de escudo para no revisar las condiciones de trabajo de la brigada. "El origen del proyecto no es cerrar programas. Es clausurar una zona gris", afirmó.

La exposición de motivos cita un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría sobre derechos económicos y sociales que advierte, en ciertas modalidades de cooperación, sobre restricciones a la libertad, retención de ingresos y documentos y situaciones que podrían configurar trabajo forzoso o trata. "No lo denuncia solo Washington. Lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo. "Uruguay no puede celebrar la luz que se recupera en un quirófano y, al mismo tiempo, naturalizar la opacidad con la que se trata al personal que presta ese servicio".

Los pedidos de informes

La legisladora presentó además dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Uno indaga el marco jurídico del convenio con la brigada, su costo, la modalidad de pago y los mecanismos de control. El otro pide el detalle de las donaciones y envíos humanitarios de Uruguay a Cuba desde marzo de 2020, con foco en los cargamentos de leche en polvo, corned beef y paneles solares.

Qué sigue

El proyecto deberá pasar a comisión en la Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo tiene plazo para responder los pedidos de informes; resta conocer cuánto se pagaba a Cuba por la brigada y el detalle de las donaciones.