Uruguay prepara una expansión del riego agropecuario con una meta de referencia: sumar capacidad para unas 300.000 hectáreas. La Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR), coordinada por el ingeniero agrónomo y exministro Tabaré Aguerre, presentó la estrategia en el Senado el 13 de agosto. El planteo combina capital privado, infraestructura que pueda abastecer a varios establecimientos y una coordinación pública sobre energía, crédito, permisos y uso del agua.

La cifra de 300.000 hectáreas es un objetivo de política, no un conjunto de obras ya autorizado ni un plazo garantizado. La CEIAR informó que existen cinco proyectos piloto de represas bajo estudio y que trabaja en instrumentos tarifarios y modelos de negocio. Su resultado dependerá de que cada iniciativa reúna inversión, demanda de productores, suministro eléctrico, permisos de agua y las evaluaciones ambientales que correspondan.

Por qué el Gobierno pone el foco en el riego

La justificación parte de una aparente paradoja. En la presentación de la estrategia se manejó un promedio anual cercano a 1.400 milímetros de lluvia, pero con una distribución irregular que deja déficits durante etapas críticas de los cultivos de verano. Aguerre sostuvo que, fuera del arroz —que tiene un sistema de riego estructural—, apenas 4% de la superficie agrícola utiliza riego presurizado. El problema, por tanto, no se resume en cuánto llueve, sino en la capacidad de almacenar y entregar agua cuando la planta la necesita.

En 2025 la comisión explicó que aproximadamente 35% del agua de lluvia escurre por cursos superficiales y que solo una fracción se intercepta en represas destinadas a riego, energía o agua potable. A partir de ese diagnóstico estimó que captar dos puntos porcentuales adicionales permitiría regar del orden de 300.000 hectáreas. Es una estimación de potencial físico: no mide por sí sola costos, localización, efectos sobre cuencas ni la viabilidad de cada obra.

El modelo: inversión privada y obras compartidas

La hoja de ruta coloca a los privados al frente de buena parte de la inversión. El Estado no anunció la construcción directa de una red nacional, sino estímulos, reglas e instrumentos para que productores, empresas y financiadores estructuren proyectos. Uno de los ejes es el riego multipredial: una represa y su sistema de distribución pueden servir a más de un establecimiento, lo que reparte costos fijos y evita que cada productor deba resolver por separado toda la infraestructura.

Ese diseño exige acuerdos que van más allá de construir una represa. Hay que definir quién financia y opera la obra, cómo se cobra el agua, qué garantías respaldan los créditos, qué potencia eléctrica estará disponible y qué sucede cuando cambia la demanda entre productores. La comisión también trabaja sobre la tramitación de permisos y concesiones. Agilizar no significa eliminar controles: el uso del agua y las obras hidráulicas continúan sujetos a las autorizaciones públicas aplicables.

Qué puede cambiar y qué sigue abierto

El beneficio productivo esperado es reducir la variabilidad de rendimientos, sobre todo en maíz y soja. Aguerre presentó escenarios en los que el riego podría multiplicar la producción de esos cultivos, pero se trata de proyecciones condicionadas por suelo, clima, manejo, precios y costos energéticos. La evaluación económica hacia 2034 divulgada por la comisión describe un impacto relevante; no equivale a una previsión cerrada de crecimiento ni asegura que toda la superficie objetivo se incorpore en ese horizonte.

También permanece abierta la distribución de riesgos. Una obra puede mejorar la estabilidad del productor y, al mismo tiempo, quedar expuesta a años de menor uso, tasas de interés, variaciones del precio de la energía o demoras regulatorias. Por eso los cinco pilotos son importantes: permitirán probar contratos, tarifas y esquemas de coordinación antes de escalar el modelo. Hasta que esos estudios concluyan, no corresponde presentar las 300.000 hectáreas como una expansión confirmada.

La diferencia con el apoyo a la producción familiar

La estrategia de gran escala convive con programas prediales más acotados. En abril, el MGAP lanzó Agua para la Granja, con apoyo previsto para unas 1.500 unidades productivas entre 2026 y 2029 y una inversión aproximada de 40 millones de pesos del Fondo de Fomento de la Granja. El programa contempla acceso a fuentes de agua, equipos de distribución e innovación. Su inscripción original cerró en julio, por lo que funciona como antecedente de política y no como llamado abierto en este momento.

Ambas líneas responden a escalas distintas. Agua para la Granja subsidia soluciones de productores pequeños; la CEIAR procura crear condiciones para proyectos mayores, compartidos y financiables. El punto común es tratar el agua como infraestructura productiva y de adaptación climática. La diferencia clave es quién asume el costo, cómo se organiza la obra y qué controles debe superar.

Cómo leer los próximos anuncios

Los próximos datos decisivos serán concretos: ubicación y capacidad de los cinco pilotos, productores alcanzados, inversión requerida, modelo contractual, tarifa eléctrica, volumen de agua concedido y resolución ambiental. Sin esos elementos, la meta expresa dirección política y potencial productivo, pero no permite calcular todavía cuánto costará cada hectárea adicional ni cuándo entrará en funcionamiento.

La estrategia tiene una ventaja verificable: el Gobierno ya reunió en la CEIAR a Presidencia, Ganadería, Ambiente, Economía e Industria, con la Corporación Nacional para el Desarrollo como articuladora técnica. El desafío comienza ahora, al transformar esa coordinación en proyectos que puedan financiarse, cumplir los controles y entregar agua a un costo que la producción pueda sostener. La distancia entre el potencial de 300.000 hectáreas y las primeras obras efectivas se medirá justamente en esos resultados.