OFICIAL | La administración de Gavin Newsom demandará a cinco ciudades por violar la ley de vivienda de California

El gobierno de California ha decidido llevar a los tribunales a cinco ciudades del estado tras acusarlas de negarse reiteradamente a cumplir con las leyes estatales de planificación de vivienda. El gobernador Gavin Newsom, junto con el fiscal general Rob Bonta y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD), anunciaron la presentación de acciones legales contra los municipios de Calexico, Costa Mesa, Half Moon Bay, Ridgecrest y Turlock, señalándolos como infractores rezagados en medio de la severa crisis habitacional que atraviesa la región.

California is suing the local governments of Calexico, Costa Mesa, Half Moon Bay, Ridgecrest, and Turlock for ignoring state housing law.We can't fix the decades-long housing crisis if a few municipalities choose to just sit on their hands. pic.twitter.com/3AQbXWsXp0

La ofensiva legal se ampara en la Ley del Elemento de Vivienda de California, una normativa que exige que cada ciudad y condado actualice sus planes de zonificación y uso de suelo cada ocho años. El objetivo de la ley no es obligar a los municipios a construir viviendas de forma directa, sino garantizar que liberen los terrenos necesarios para que el mercado privado pueda desarrollar proyectos inmobiliarios que cubran la demanda local. Con el 95 % de las 540 jurisdicciones del estado ya en cumplimiento, las autoridades estatales calificaron a estas cinco ciudades como "infractoras aisladas" que han agotado todas las instancias de diálogo.

La administración estatal busca sentar un precedente riguroso. Según el fiscal general Rob Bonta, a las ciudades demandadas se les otorgaron múltiples oportunidades de regularización, incluyendo notificaciones de infracción, informes escritos y plazos de 30 días para responder, además de reuniones de asesoría que decidieron ignorar. El estado busca ahora que los tribunales impongan multas financieras sustanciales y que, de ser necesario, se despoje temporalmente a estos municipios de su autoridad para aprobar desarrollos comerciales, obligándolos a dar luz verde de forma prioritaria a proyectos residenciales.

Esta estrategia de "mano dura" ya cuenta con antecedentes recientes en el estado. En mayo de este año, un juez de la Corte Superior ordenó a la ciudad de Huntington Beach el pago de 160.000 dólares en penalizaciones, sumando una multa progresiva de 50.000 dólares por cada mes de retraso hasta que su plan de vivienda sea aprobado por el HCD. El caso de Half Moon Bay, en el condado de San Mateo, es uno de los más críticos de la nueva ola de demandas: la ciudad costera acumula más de tres años de retraso tras vencerse su plazo original en enero de 2023, y tiene la obligación legal de planificar la incorporación de 480 nuevas unidades residenciales entre 2023 y 2031.

El endurecimiento de las acciones judiciales por parte de Gavin Newsom ocurre en un contexto político clave, mientras el gobernador evalúa una posible postulación presidencial. Newsom ha concentrado gran parte de la culpa de la crisis habitacional en los funcionarios locales, a quienes acusa de bloquear proyectos para preservar el carácter tradicional de sus vecindarios. Sin embargo, el estado tampoco ha logrado acercarse a las ambiciosas promesas del gobernador, quien en su campaña de 2017 aseguró que California construiría 3,5 millones de viviendas para 2025. Golpeada por la pandemia y factores macroeconómicos, la realidad de las estadísticas oficiales del HCD revela que solo se han completado unas 682.000 unidades en todo el estado desde que Newsom asumió el cargo en 2019.

Por su parte, los líderes de los municipios afectados han reaccionado con sorpresa y malestar ante las demandas. El alcalde de Costa Mesa, John Stephens, calificó la acción judicial del estado como "completamente injustificada e innecesaria", argumentando que su alcaldía se encuentra actualmente en mesas de trabajo con el HCD esperando la revisión de su borrador más reciente. Stephens defendió la gestión de su ciudad señalando que, mediante programas locales y la apertura de un refugio de 100 camas, lograron reducir la indigencia en Costa Mesa en dos tercios durante los últimos dos años y dar vivienda permanente a 513 personas desde 2019. Mientras tanto, las administraciones de Calexico y Ridgecrest informaron que planean entregar sus planes modificados a la brevedad para destrabar el conflicto antes de avanzar en las audiencias de la corte.

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