El Frente Amplio (FA) convirtió el caso de Pablo Leiva, el exasesor de un edil nacionalista condenado por lavado de activos, en el punto de partida para reabrir la discusión sobre cómo se financian los partidos. Su presidente, Fernando Pereira, propone avanzar hacia un sistema en el que la mayor parte de los recursos provenga de fondos públicos. Desde la oposición responden que el caso no tiene relación con la ley vigente y que plantearlo así es "un error".

La propuesta del oficialismo

"La prioridad es la número uno: una ley de financiamiento que evite que el narco se meta en la política", sostuvo Pereira tras la reunión de la Mesa Política del FA del lunes. "Si nos puede financiar cualquiera, un día se nos van a meter", advirtió, y afirmó que hasta ahora esa ley no se aprobó "porque el Partido Nacional no quiso".

El dirigente aclaró que no necesariamente debe ser el proyecto que su partido presentó en la legislatura pasada, "pero tiene que haber un proyecto que garantice que la mayor parte del financiamiento de los partidos esté vinculado a dineros públicos". En el oficialismo también plantean prohibir las donaciones anónimas y mejorar la trazabilidad del dinero que circula en el sistema político.

Este martes, Pereira anunció que buscará reunirse con Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres para iniciar una ronda de diálogo. "Queremos llegar al final del período parlamentario habiendo aprobado una ley de financiamiento de los partidos políticos que garantice la mayor transparencia posible", dijo, y agregó que habrá que dar más herramientas a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas: "Si esos organismos de contralor hoy no tienen la potencia para controlar a los partidos, habrá que dársela".

La respuesta de la oposición

El senador nacionalista Javier García admitió que no "todo está resuelto", pero recordó que la última ley de financiamiento es aún "muy joven". Antes, García había sostenido que el FA "no tiene autoridad política ni ética" para emplazar a los blancos.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, que participó en la discusión de los proyectos en las últimas dos legislaturas, fue más allá: "Endilgarle este caso puntual a que la última ley de financiamiento no fue todo lo completa que podría haber sido me parece que es un error". Según Rodríguez, el caso "no tiene absolutamente nada que ver" con esa norma, que ya prohíbe el financiamiento por parte de organizaciones delictivas y sanciona los incumplimientos. A su juicio, lo que está en juego son fondos públicos de la Junta Departamental de Montevideo, que es la que debe controlar las contrataciones de los ediles.

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ya había advertido que "hacer del crimen organizado y el narcotráfico herramientas de rédito partidario no contribuye a combatirlos".

Qué sigue

  • La convocatoria del FA a los presidentes de partidos y coordinadores de bancada, todavía sin fecha.
  • La eventual presentación de un nuevo proyecto de ley de financiamiento.
  • El análisis del caso del edil Gonzalo Gómez en la Comisión de Ética de la Junta Departamental.