El Ministerio del Interior abrirá una investigación administrativa para determinar cómo se filtraron los videos del allanamiento a la casa de Pablo Leiva en la Operación Trazador. En las imágenes, grabadas por la cámara corporal de uno de los policías, se pueden reconocer las voces y los tatuajes de los agentes que participaron del procedimiento.

El ministro Carlos Negro lo anunció el martes 29 de setiembre en la Comisión de Seguridad del Senado, y calificó lo ocurrido como "un hecho grave por la propia integridad física de los funcionarios y la preservación de su identidad".

Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, fue condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Qué muestran las imágenes

El allanamiento se hizo el jueves 17 de setiembre y quedó registrado por una cámara GoPro de la Policía. El video fue difundido en los últimos días por el periodista Eduardo Preve en su canal de YouTube. Allí se ve a los policías interceptar a Leiva cuando llegaba a su casa, pedirle la llave y entrar.

En la vivienda se incautaron cerca de 3 millones de pesos en efectivo, municiones y una máquina de contar billetes. En la grabación, Leiva les dice a los agentes que trabajaba para un cambio y que el dinero era de esa actividad.

El planteo de Martinelli

El tema lo planteó el senador nacionalista y exministro del Interior Nicolás Martinelli. Según su planteo, en la filmación se reconocen las voces y los tatuajes de los policías y los números de las cámaras usadas en el operativo. Los tatuajes no aparecen difuminados ni las voces distorsionadas, un trabajo que normalmente hace el área de Comunicación del ministerio.

Martinelli también cuestionó que la difusión afecta a civiles: en las imágenes aparece un hijo de Leiva que estaba en el baño cuando llegó la Policía.

Qué dijo Negro

"Las filtraciones siempre preocupan porque, entre otras cosas, ponen en riesgo muchas veces a los propios funcionarios policiales y a las personas que están en las escenas del crimen", dijo el ministro en una rueda de prensa posterior. Agregó que una filtración de este tipo "puede constituir delito".

Negro reconoció que es difícil establecer quién divulgó el material y sostuvo que pudieron intervenir personas ajenas a la Policía, ya que otros actores, como abogados, también acceden a esos registros. Afirmó además que el allanamiento formaba parte de la carpeta investigativa, que ya estaba en poder de la Fiscalía.

Qué sigue

  • La investigación administrativa del Ministerio del Interior sobre el origen de la filtración.
  • Una eventual denuncia penal si se confirma que la divulgación constituye delito.