Los ciudadanos cubanos presentan la enorme mayoría de los pedidos de refugio en Uruguay, pero casi ninguno lo obtiene. De las más de 30.000 solicitudes pendientes ante la Comisión de Refugiados (CORE), el 89% corresponde a cubanos, según la vicecanciller y presidenta del organismo, Valeria Csukasi. Sin embargo, solo 52 cubanos viven hoy en el país bajo esa condición, según datos de Cancillería.

La brecha es aún más visible frente al total: en Uruguay residen 3.244 refugiados de 52 nacionalidades, unos 2.500 de ellos venezolanos. Detrás figuran los salvadoreños (56) y luego los cubanos, que representan menos del 1% de los refugiados radicados.

Un sistema desbordado

Las solicitudes se dispararon en los últimos años: en la primera mitad de este año llegaron en promedio unas 1.300 por mes, y a fines de junio había 30.715 pendientes de resolución. El año pasado hubo más de 16.000 pedidos de asilo, frente a unos 7.000 el año anterior.

«La acumulación de solicitudes de refugio en Uruguay se explica, principalmente, por un desajuste estructural entre el volumen de solicitudes y la capacidad institucional y operativa de la Core para procesarlas», reconoció Csukasi.

El trámite es gratuito y se inicia dentro del territorio, ya sea en la frontera, ante Migración o ante la secretaría de la CORE. La comisión cita al solicitante a una entrevista y luego resuelve; si reconoce la condición, la persona accede a residencia permanente y cédula, y si la deniega, cabe un recurso. Mientras tanto, la constancia de solicitante permite tramitar un documento de identidad, pero muchos cubanos quedan durante años en un limbo que les complica alquilar, pedir un crédito o traer a sus familiares.

La «complejidad» de los casos cubanos

La CORE está integrada por Cancillería, los ministerios del Interior, Trabajo, Desarrollo Social y Vivienda, la Facultad de Derecho y organizaciones no gubernamentales. Algunos de sus integrantes admitieron que analizar los pedidos cubanos implica una «complejidad»: validar relatos de persecución política y violaciones de derechos humanos supondría reconocer que esas situaciones ocurren en la isla, lo que «comprometería» la posición del gobierno frente a Cuba.

La ley define como refugiado a quien tiene fundados temores de ser perseguido por motivos étnicos, sociales, de género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o a quien huyó porque su vida, seguridad o libertad fueron amenazadas por violencia generalizada o violaciones masivas de derechos humanos.

Otra vía: la residencia

Muchos cubanos terminan regularizándose por otros caminos. Son los principales receptores de residencias permanentes: obtuvieron 6.185 el año pasado, más de un tercio del total, y 4.665 en los primeros siete meses de este año.

El último censo registró unos 12.000 cubanos en el país, aunque organizaciones de la colectividad estiman que la cifra real es varias veces mayor. La mayoría ingresa por la frontera de Rivera con Santana do Livramento, después de atravesar Guyana y Brasil.

En el pasado, un decreto presidencial regularizó a una parte de estos migrantes, pero otros quedaron afuera o llegaron después. La diputada nacionalista Leydis Aguilera, la primera legisladora nacida en Cuba, presentó un proyecto de ley para otorgar residencia permanente a quienes demuestren arraigo en el país.

Qué sigue

El proyecto de Aguilera sigue en trámite parlamentario. Resta saber si el gobierno reforzará la capacidad de la CORE para reducir el rezago de solicitudes y si habrá una nueva regularización para quienes esperan respuesta.