El impuesto mínimo global, impulsado en el marco de la OCDE y el G20, reabrió en Uruguay el debate sobre la competitividad de las zonas francas. El 3 de noviembre de 2026, la Universidad de Montevideo realizó una conferencia junto a especialistas de King's College London y de la Cámara de Zonas Francas para analizar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) y sus posibles efectos sobre las decisiones de inversión.
La referencia internacional es una tributación efectiva mínima de 15% para determinados grandes grupos multinacionales, no un incremento automático al 15% para todas las pequeñas y medianas empresas uruguayas. En el régimen local, el impacto depende de la estructura del grupo, las jurisdicciones de su casa matriz y las reglas aplicables. Por eso los panelistas plantearon que no todos los usuarios de zonas francas enfrentarán las mismas consecuencias.
Durante la conferencia, Eliana Sartori, asesora de la Cámara de Zonas Francas y profesional de PwC Uruguay, sostuvo que el impacto no sería uniforme y que el país puede recurrir a otros instrumentos de promoción de inversiones. De acuerdo con los datos presentados en el evento, las zonas francas representan alrededor del 6% del PIB y más de 20.000 empleos directos calificados en promedio durante la última década. Son cifras expuestas por representantes del sector y deben leerse con esa atribución.
El profesor de Derecho Tributario Leopoldo Parada advirtió que los cambios en las condiciones impositivas pueden generar dudas entre inversores que confiaban en garantías de estabilidad. En una posición de mayor matiz, Catalina Camejo, docente de la Universidad de Montevideo y funcionaria de la asesoría tributaria de DGI, explicó que el marco normativo contempla mecanismos de compensación para determinados usuarios protegidos por cláusulas de estabilidad fiscal.
El debate no es si todas las zonas francas deben cerrar o si el impuesto vuelve inviable al país: la discusión se concentra en cómo preservar la previsibilidad jurídica y el atractivo para nuevos proyectos cuando se aplican estándares tributarios internacionales. Las exposiciones evidencian preocupaciones y alternativas, pero no constituyen por sí solas una medición de pérdidas de empleo o de inversiones causadas por el impuesto.
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