La Justicia condenó al Ministerio del Interior a indemnizar a la familia de Carlos Eduardo Cisneros, uno de los reclusos que murieron tras un incendio en una celda de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar). La sentencia, del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1.er turno, concluye que el Estado es responsable por «falta de servicio» en la custodia de las personas privadas de libertad.

Sobre el monto hay dos cifras: según el detalle de la sentencia al que accedió la prensa, la suma por daño moral para siete familiares es de US$ 245.000; otra versión del fallo, difundida el mismo día, habla de US$ 265.000.

Qué pasó en la celda

El incendio ocurrió de madrugada, hace casi cinco años, en una celda donde dormían cinco presos. Según la reconstrucción del fallo, una sobrecarga en los aparatos eléctricos conectados provocó un cortocircuito en los cables y el fuego alcanzó los colchones de una cucheta. Cuatro de los reclusos murieron: dos en el lugar y otros dos días después por las quemaduras. Cisneros sufrió quemaduras en cerca del 20% del cuerpo y pasó por distintos centros asistenciales antes de morir.

Los argumentos

El Ministerio del Interior sostuvo que fue un hecho accidental, que los funcionarios actuaron de inmediato y que los propios presos hacían conexiones eléctricas irregulares pese a conocer los riesgos.

La jueza entendió que esas circunstancias no liberaban al Estado de su obligación de garantizar la seguridad de quienes están bajo su custodia. Identificó «un cúmulo de faltas en el servicio»: problemas estructurales del edificio, una carga eléctrica contratada insuficiente, ausencia de alarma de incendios, falta de guardia en el puesto cercano a la celda y hacinamiento. Aunque pudo tratarse de un accidente, el ministerio conocía esas carencias, por lo que el incendio no era imprevisible ni inevitable.

Los montos

El fallo fija US$ 50.000 para el padre, US$ 50.000 para la madre y US$ 50.000 para la hija del recluso; US$ 30.000 para su pareja; US$ 25.000 para otra mujer considerada hija de crianza, y US$ 20.000 para cada una de sus dos hermanas.

La familia también había demandado a ASSE por la atención médica que recibió Cisneros después del incendio, al entender que el organismo tenía a su cargo la asistencia integral de las personas presas.

El abogado de la familia, Rodrigo Rolón, calificó la sentencia de «acertada» porque «reconoce expresamente la responsabilidad del Estado ante una omisión estatal, que es cuidar la vida de las personas que están bajo su custodia», aunque lamentó la demora del caso y dijo que habían reclamado un monto mayor.

Qué sigue

Es un fallo de primera instancia, por lo que el Ministerio del Interior puede apelarlo ante un Tribunal de Apelaciones.