El gobierno de Pakistán tomó este domingo el control de Khyber Pakhtunkhwa, la provincia del noroeste del país gobernada por el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan y principal fuerza de oposición.

El presidente Asif Ali Zardari firmó, a pedido del primer ministro Shehbaz Sharif, la declaración del estado de emergencia y del llamado "gobierno del gobernador" en la provincia, amparado en los artículos 232 y 234 de la Constitución. Las medidas rigen de inmediato.

Qué implica

Según explicó el ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar, el gobierno provincial encabezado por el jefe de gobierno "dejó de existir". Todas las atribuciones del jefe de gobierno, su gabinete y sus asesores pasaron al gobernador, Faisal Karim Kundi, que estará acompañado por un consejo asesor de 11 miembros.

Por otra proclamación, se creó una secretaría separada, bajo el gobernador y el secretario jefe de la provincia, para administrar 12 distritos de Khyber Pakhtunkhwa que pasarán a depender directamente del gobierno federal. Además, el Ejército fue desplegado para asistir al gobernador en el mantenimiento del orden.

El artículo 234 traslada al Parlamento nacional las facultades de la asamblea provincial. Ese régimen no puede extenderse por más de seis meses.

Medios pakistaníes informaron que el jefe de gobierno provincial, Sohail Afridi, del PTI, habría sido arrestado. No hubo confirmación oficial.

Los motivos invocados

Tarar sostuvo que los fundamentos de la medida son el deterioro de la seguridad en la provincia y la "falta de apoyo" del gobierno provincial en la lucha contra el terrorismo. Antes de la firma, el gabinete federal se reunió para analizar lo que describió como un "desentendimiento deliberado" de la administración provincial frente a esa lucha, y recomendó al primer ministro activar los artículos constitucionales.

Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, es escenario frecuente de ataques de grupos armados.

Qué sigue

El gobierno anunció que en los próximos días convocará sesiones separadas de la Asamblea Nacional y del Senado, y una sesión conjunta del Parlamento, para que respalden las medidas. Resta conocer la respuesta del PTI, la situación de Afridi y si la intervención será impugnada ante la Justicia.