La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó a una escribana, de iniciales SMB, en la causa por la venta de terrenos en Punta Negra con documentación falsa. Fue detenida y formalizada el martes 29 de setiembre como presunta coautora de un delito de asociación para delinquir, en reiteración real, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público y un delito continuado de estafa.

La jueza le impuso medidas cautelares por 180 días: debe fijar domicilio, someterse a la vigilancia que se determine, no puede salir sin autorización del ámbito territorial fijado y se le retuvieron los documentos de viaje.

La maniobra

Según la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, la organización usaba un poder para hacer compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Para eso se falsificó una firma y se utilizó el sello de un escribano fallecido que no emitía poderes desde la década de 1980.

Con ese poder se concretaban transferencias entre integrantes del grupo, sin pagos efectivos o por importes mínimos. Después, los predios se vendían a compradores de buena fe a través de la inmobiliaria de Paulo Álvez, en Piriápolis.

La Fiscalía sostiene que la escribana intervenía en las compras ficticias para darles "apariencia de legalidad". Le reprocha no haber verificado la situación del escribano cuya firma se fraguó pese al uso reiterado del poder, no advertir anomalías en el documento y no reparar en la "discordancia" entre los precios declarados y los movimientos bancarios reales entre los integrantes de la organización. La jueza consideró que había elementos suficientes para iniciar la investigación y señaló que la escribana debió controlar las anomalías en los signos notariales.

La defensa

La defensa rechazó que la profesional conociera la maniobra y sostuvo que se le pretende atribuir controles que exceden las obligaciones de un escribano.

Los otros procesados

Con esta formalización, suman siete las personas sometidas a la Justicia en la causa. El viernes 25 de setiembre se formalizó a Paulo Álvez, dueño de la inmobiliaria, por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. Antes habían sido imputados William Mattón Pimentel, señalado como encargado de localizar los terrenos, y Oscar Iguini, a quien se atribuye haber facilitado el poder falsificado; ambos tienen arresto domiciliario total con dispositivo electrónico. Otras dos personas, María Fernanda Muñoz y su pareja, fueron condenadas por acuerdo abreviado.

Qué sigue

  • La investigación de la Fiscalía durante el plazo de las medidas cautelares.
  • Las eventuales nuevas imputaciones en la causa.