Diálogo Social: Gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual

El Ministerio comunicó cambio de postura respecto a las AFAP; deja a las empresas administrando las cuentas y no pasa esa actividad al Estado como había anunciado en base al acuerdo realizado en el Diálogo Social. El objetivo es mejorar el monto de las jubilaciones; bajan las comisiones.

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

El Gobierno resolvió avanzar en el retiro anticipado a los 60 años en el régimen previsional e introducir mejoras en el pilar de ahorro individual tras analizar las recomendaciones del Diálogo Social. No sigue con lo acordado en ese ámbito para traspasar la administración de cuentas a un organismo estatal centralizado, sino que mantendrá a las AFAP en las mismas tareas que realizan desde 1996.

Además, las AFAP podrán realizar más inversiones en el exterior para mejorar la rentabilidad de las cuentas de ahorro de los trabajadores.

El Poder Ejecutivo definió las reformas a impulsar durante este año con el objetivo de combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones jubilatorias de la población.

La Rendición de Cuentas de 2025 prevé la creación de la asignación única con un incremento significativo de los montos de las prestaciones y una mejora de la cobertura, unificando las transferencias y evitando las duplicaciones e ineficiencias. La implementación comenzará en 2027 y abarcará a más de 50.000 niños de 0 a 2 años con un aumento en promedio de 84% en las transferencias.

En cuanto a la nueva causal de jubilación anticipada, a la que se podrá acceder a los 60 años con 30 años de aportes, se creará a través de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitirá en las próximas semanas al Parlamento. Esta causal permitirá atender contingencias y brindar mayor flexibilidad, como contemplar los problemas de empleabilidad que puedan enfrentar las personas cuando estén próximas a su edad de retiro.

El diseño mantiene la edad normal de retiro a los 65 años y establece incentivos para la postergación de la jubilación, priorizando la protección de las personas de ingresos bajos y medios-bajos que requieran hacer uso de la causal, asegurando la sostenibilidad financiera del sistema previsional.

Esta nueva causal está prevista para enfrentar contingencias que dificulten el mantenimiento de las personas en el mercado laboral, por lo que no será compatible con el trabajo ni con el cómputo de servicios bonificados.

Además, el Gobierno prevé implementar transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional, a través de modificaciones legales. El objetivo es mejorar el monto de las jubilaciones. Por ejemplo, se habilitará una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP –estimada entre un 5% y un 10% de los valores vigentes una vez implementadas en su conjunto– y un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados.

Asimismo, se avanzará en el funcionamiento más integrado del sistema previsional para mejorar la atención a los afiliados, a través de una ventanilla única para la jubilación, mayor flexibilidad para los trámites de elección de administradoras y sistemas de información consolidados.

El comunicado del MEF dice que “se busca perfeccionar el marco regulatorio para promover un sistema más eficiente y competitivo con mecanismos que premien la mejor rentabilidad y las menores comisiones para la asignación de los nuevos afiliados. En todos los casos, manteniendo la libertad de elección del trabajador”.

En el Diálogo Social, los delegados del gobierno habían acordado con los representantes del PIT-CNT una reforma del sistema que implicaba que la administración de las cuentas pasara a un monopolio estatal centralizado, y que las AFAP quedaran solo como mesa de inversiones para colocar dinero sin individualizar. Esa propuesta queda de lado y el sistema de ahorro personal sigue como está, con los cambios en comisiones y otros ajustes.

También, se implementarán medidas para alcanzar una mayor rentabilidad esperada de los ahorros de los trabajadores, mediante una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones, con una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior, manteniendo la estricta regulación y supervisión profesional, sujeta a los más altos estándares que caracterizan el esquema actual de inversiones, protegiendo el financiamiento de las inversiones productivas domésticas, indica el Poder Ejecutivo.