La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) descartó las tres denuncias que Alejandra Casablanca presentó contra funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente cuando estaba al frente de ese organismo. Con base en ese informe, el presidente Yamandú Orsi firmó en julio una resolución que puso fin a las actuaciones administrativas, según surge del expediente divulgado este martes.

Casablanca había sido denunciada por acoso y violencia laboral por cuatro funcionarias y un abogado de la secretaría. En sus descargos, la entonces directora acusó a su vez a parte del personal de una serie de irregularidades, lo que derivó en una investigación administrativa que quedó acordonada al expediente original.

Las tres denuncias

La primera acusación apuntaba a la omisión de información sobre la identidad de origen, es decir, la búsqueda de archivos y datos de posibles hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Algunos testigos dijeron tener constancia de negativas o demoras en la entrega de información a familias. La ONSC concluyó que no se probaron conductas omisas: la funcionaria a cargo del área firmó documentos que acreditan que todos los pedidos fueron respondidos a tiempo.

La segunda denuncia se refería a la destrucción de documentación pública. Casablanca dijo haber sido informada por terceros de que dos funcionarias usaban «de manera constante» una picadora de papel y salían con bolsas negras de papel triturado antes de ser desvinculadas; por eso guardó la trituradora bajo llave en su despacho. La investigación descartó el delito: los documentos sensibles e históricos estaban bajo llave en el archivo, y lo triturado eran papeles personales, material de estudio, copias e impresiones mal hechas.

La tercera acusación era la más grave para la jerarca, que la calificó como «de extrema gravedad» y dijo que no descartaba llevarla a la Justicia: sostuvo que un funcionario había falsificado su firma en un documento para gestionarse compensaciones. El informe no encontró evidencia de falsificación. Por el contrario, se probó que la propia Casablanca había firmado el documento, aunque ella alega que el contenido no era el que había autorizado.

Cómo terminó el caso

Servicio Civil concluyó que en ninguno de los tres casos correspondía seguir adelante y sugirió archivar las actuaciones. La resolución presidencial clausuró en un mismo acto esa investigación y el procedimiento abierto por las denuncias de acoso contra Casablanca, cuyos denunciantes ya habían sido trasladados a otras reparticiones de Presidencia.

La decisión se tomó en medio de la unificación de las dos secretarías de Derechos Humanos de Presidencia, que quedaron bajo la conducción de Iliana Da Silva. Collette Spinetti, que dirigía la otra secretaría, fue cesada. Casablanca, que en un primer momento iba a coordinar el área de Pasado Reciente, terminó como asesora de Da Silva, sin personal a cargo.

Qué sigue

Con la resolución firmada, las actuaciones administrativas quedaron cerradas. Resta saber si Casablanca, que había anticipado la posibilidad de acudir a la Justicia por la presunta falsificación de su firma, presentará alguna denuncia penal.