El Directorio del Partido Nacional resolvió por unanimidad suspender por dos años los derechos y obligaciones partidarios del edil de Montevideo Gonzalo Gómez, cuyo asesor, Pablo Leiva, fue condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. La medida sigue la recomendación de la Comisión de Ética, que también se votó por unanimidad.

Gómez deberá además devolver a la Junta Departamental de Montevideo todo lo que se le pagó a Leiva, que cobraba unos $ 52.000 por mes desde diciembre sin tener tareas asignadas. La devolución, que según la resolución repara el «daño patrimonial causado a los dineros públicos», había sido sugerida por el propio edil.

Los dirigentes le pidieron también que se aparte de su banca en la Junta mientras dure la sanción. Esa decisión depende de Gómez, porque la banca le pertenece. Algunas coberturas describieron la medida como una desvinculación del partido; la resolución formal habla de suspensión de derechos partidarios.

Qué dijo Delgado

El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, afirmó en conferencia de prensa que Gómez tomó «una decisión equivocada» al contratar a alguien que «tenía una actividad ilícita que no conocía» y reconoció que el asesor «no cumplía tarea».

Delgado respondió a las críticas del Frente Amplio, que había reclamado explicaciones a los blancos. Calificó de «inaceptables» algunas declaraciones y dijo que le gustaría ver a otros partidos actuar «con la misma rapidez» y «la misma vara ética». Afirmó que el oficialismo tiene «trabajando en el Senado a exsenadores procesados» sin sanciones. Sobre la propuesta oficialista de volver a discutir la ley de financiamiento de los partidos, dijo que recibió una llamada del presidente del Frente Amplio y que están «para mejorar las cosas», pero que para plantear el tema «hay que tener autoridad moral».

El origen del caso

Leiva fue condenado en setiembre en el marco de la Operación Trazador, en la que se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo y droga. Las cifras difundidas varían entre 250 kilos de pasta base y más de 260 kilos de drogas.

Gómez admitió haberse equivocado al contratarlo, reconoció que cobraba sin asesorar y aseguró que desconocía cualquier actividad ilícita. Tras conocerse el caso pidió licencia en la Junta, se apartó del Directorio y puso su situación a consideración de la Comisión de Ética.

Qué sigue

  • Gómez debe decidir si deja su banca en la Junta Departamental durante los dos años de suspensión, como le pidió el Directorio.
  • La devolución del dinero cobrado por Leiva deberá concretarse ante la Junta Departamental de Montevideo.