Nota actualizada el 30 de agosto de 2026.

El viernes 28 de agosto, en Guichón, el presidente Yamandú Orsi afirmó que se había retirado en Argentina una denuncia penal vinculada al proyecto de HIF Global en Paysandú. Presentó ese hecho como un obstáculo despejado y dijo que el emprendimiento sigue, aunque deberá relocalizarse.

El sábado 29, la fiscal federal argentina Josefina Minatta declaró que la denuncia penal que ella impulsó no fue retirada y continúa ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl sostuvieron que su acción civil preventiva también está vigente.

Hay dos relatos y dos expedientes. Esta nota los presenta por separado. Al cierre de las fuentes no hay una resolución judicial pública que acredite el cierre de la causa penal.

Qué anunció Orsi

Según Subrayado, Orsi habló en la inauguración de obras en Paysandú. Dijo que el acuerdo para la planta continúa, que UTE y HIF Global acercaron posiciones y que “se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”.

Añadió que la relocalización implica nuevos estudios de impacto, que el proyecto no se detuvo y que los plazos podrán depender del mercado del hidrógeno. En el plano político, afirmó que no hay dudas, y que UTE, el gobierno y la Intendencia de Paysandú deben alinear la operación dentro de la norma.

En las transcripciones difundidas no citó expediente ni quién habría retirado la denuncia. Montevideo Portal atribuyó el anuncio a la acción de Michel, Marclay y Bahl. Análisis Digital y El Telégrafo lo vincularon con la denuncia penal de Minatta. Esa diferencia no se resuelve con las fuentes abiertas: consta lo que cada parte dijo después.

Qué respondió la fiscal

Minatta dijo a Análisis Digital que la denuncia no se retiró y que no ha tenido las respuestas que pidió a Uruguay. Sostuvo que el expediente seguirá en trámite hasta obtener certezas sobre el nuevo emplazamiento.

Montevideo Portal recogió, vía Infobae, su frase: “La causa sigue en pie”. Según ese medio, negó haber retirado ninguna denuncia.

Afirmó que no hay información cierta sobre la relocalización. Advirtió, como hipótesis de la investigación y no como daño ya probado, que si un nuevo sitio sigue sobre el río Uruguay el riesgo que ella describe persistiría. El objeto de su denuncia, presentada en febrero ante ese juzgado federal, es un presunto daño ambiental y el Estatuto del Río Uruguay. Es el contenido de una actuación en trámite, no un fallo.

Esta nota no atribuye al Estado argentino el retiro ni la presentación. La impulsó una fiscal federal.

La denuncia penal y la acción civil no son la misma cosa

La causa penal es la que Minatta dice mantener abierta. Tramita en el fuero federal de Concepción del Uruguay.

La demanda civil preventiva es otra. El Telégrafo la identifica como expediente 3276/2026, de Michel, Bahl y Marclay. Análisis Digital añade que los tres fueron admitidos como amicus curiae en la penal por el juez Hernán Viri. Esa admisión no convierte una vía en la otra.

En un comunicado del sábado, los legisladores afirmaron que la civil sigue vigente y que la Justicia ordenó medidas que habían pedido. Michel, según Análisis Digital, mencionó una pericia ambiental, informes a la CARU y exhortos a la DINACEA y al Banco Central uruguayo. Es el relato de una de las partes: las fuentes de esta nota no reproducen el texto de esas providencias.

Durante la semana anterior hubo un reconocimiento judicial en la costa de Colón. Análisis Digital y El Telégrafo lo sitúan el 21 de agosto; Montevideo Portal, el 22.

Qué cambia —y qué no— para el proyecto

Del anuncio de Orsi se desprende un respaldo político: el proyecto continúa, deberá mudarse, hará falta un nuevo estudio de impacto y HIF y UTE habrían acercado números.

Nada de eso cierra las actuaciones ni fija el emplazamiento. La relocalización no tiene coordenadas públicas en estas fuentes. Los estudios nuevos no aparecen aprobados. El entendimiento con UTE no se tradujo en un contrato publicado. Minatta y los legisladores niegan que sus presentaciones se hayan retirado.

Un posible impacto ambiental sobre la costa entrerriana es el objeto de las denuncias, no un hecho demostrado. Tampoco cabe decir que “Argentina” retiró o sostiene una acción: hay una fiscal y tres legisladores, con instrumentos distintos.

Para Uruguay, HIF Global es un expediente industrial y diplomático de primer orden en Paysandú. El cruce de estas 48 horas no lo cancela ni lo habilita: el proyecto sigue políticamente respaldado y, del lado argentino, sin un cierre judicial acreditado.

Qué falta resolver

Al 30 de agosto de 2026 siguen abiertas el emplazamiento, los nuevos estudios de impacto, las condiciones con UTE, el estado procesal de la penal, el trámite de la civil y una resolución pública que permita contrastar el anuncio del viernes.

Hasta entonces, el viernes y el sábado son dos declaraciones contrapuestas, no el fin de la controversia.

Cronología de las últimas 48 horas

  • 21 o 22 de agosto. Reconocimiento judicial en Colón; las fuentes no coinciden en el día.
  • Viernes 28. Orsi, en Guichón, anuncia el retiro de una denuncia penal, la continuidad del proyecto y su relocalización.
  • Sábado 29. Minatta afirma que su causa penal sigue abierta. Los legisladores dicen que la civil también.
  • Domingo 30. No aparece un fallo o un desistimiento publicado que cierre la penal.