La Cámara de Senadores dio el miércoles 26 de agosto media sanción al proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las reformas económicas que el gobierno de Yamandú Orsi colocó en el centro de su agenda.

El respaldo en general fue unánime: 31 votos en 31. Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado acompañaron el texto como conjunto. Eso no equivale a decir que cada uno de los unos 240 artículos haya salido por unanimidad: en la votación particular hubo disposiciones que solo reunieron al oficialismo.

Tampoco equivale a una ley vigente. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes. Si Diputados aprueba el mismo texto, podrá ir a promulgación. Si introduce cambios, deberá seguir el trámite parlamentario que corresponda. Hasta entonces, empresas y ciudadanos no pueden dar por operativas las nuevas reglas.

Al cierre del 27 de agosto, Diputados no había publicado una fecha para iniciar el estudio en comisión ni en el plenario.

De junio al recinto

El Ejecutivo presentó la iniciativa el 10 de junio, con los ministros Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Cristina Lustemberg (Salud) y Alfredo Fratti (Ganadería). El 18 de junio ingresó al Senado. La Comisión de Hacienda lo votó la semana previa al plenario, con acuerdos entre el FA, el PN y el PC: según la diaria, el 74% de los 240 artículos salió por unanimidad en esa instancia.

El tratamiento se aceleró para dejarlo votado antes de que la Rendición de Cuentas —que el mismo miércoles 26 ingresó a la cámara alta— ocupara la agenda.

La senadora Liliam Kechichian, miembro informante del Frente Amplio, describió un trabajo “no como un trámite formal, sino como una instancia genuina de mejora legislativa”. Dijo que el objetivo puede resumirse en reformas horizontales para modernizar el Estado, reformas sectoriales, innovación y menor costo de vida.

Qué contiene el articulado

El MEF organizó el proyecto en cuatro bloques: agilización de trámites; facilitación del comercio exterior; promoción de la competencia y reducción del costo de vida; innovación y aceleración de inversiones.

Una pieza sensible es el silencio positivo en ciertos procedimientos. Si el organismo no responde en el plazo que fije la norma —y, en varios casos, la reglamentación—, la solicitud puede darse por autorizada. No se aplica a cualquier trámite ante el Estado: queda acotado a los procedimientos que el texto y su reglamentación definan.

Otra línea apunta a unificar registros y a que la información circule entre organismos, para no volver a pedir datos que el Estado ya tiene. Se prevé más expediente electrónico y, en materia sanitaria y de vigilancia técnica, extender la vigencia de determinados registros a diez años (hoy, en varios casos, son cinco).

En comercio exterior aparecen el autodespacho aduanero para empresas calificadas y la idea de “desempapelar” trámites, con una ventanilla única marítima inspirada en la VUCE.

Competencia, importadores y el ticket del supermercado

El gobierno sostiene que algunas barreras de registro concentran mercados. El proyecto facilita que varios importadores comercialicen un mismo producto y que no deban reconstruir desde cero información técnica que el regulador ya posee. Kechichian citó ejemplos de precios de pasta dental o café más altos que en la región. Eso es un diagnóstico político, no una promesa de baja automática: el efecto dependerá de la competencia efectiva, impuestos, logística, tipo de cambio y márgenes.

Una disposición más directa para el consumidor es exhibir el precio por unidad de medida (kilo, litro u otra unidad relevante), para comparar envases de distinto tamaño.

En Defensa de la Competencia, el texto saca a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de la órbita del MEF y la plantea como servicio descentralizado, con más autonomía y con funciones de investigación y decisión más nítidamente separadas.

Mipymes

Para micro, pequeñas y medianas empresas se prevé un sistema integrado de gestión y facturación gratuito —cobranza, inventarios, proveedores, cuentas a cobrar y a pagar—, una plataforma para no duplicar trámites entre DGI y BPS, y una “graduación tributaria” para suavizar saltos de categoría cuando el negocio crece.

El senador Daniel Caggiani defendió que el impacto se mide sobre todo en las empresas chicas. Frente a críticas empresariales de que la iniciativa “no mueve la aguja”, respondió que para los grandes capaz que no tanto y para los chicos sí.

Un acuerdo amplio, con matices

El PN y el PC adelantaron que acompañarían en general y la mayoría de los artículos. Así ocurrió. La oposición había presentado decenas de aditivos y sustitutivos en comisión; parte se negoció e incorporó. El País consignó que otros quedaron para cuando el proyecto llegue a Diputados.

El colorado Robert Silva dijo tener “cifradas esperanzas” de que varias disposiciones impacten en la gente, pero advirtió que una ley no alcanza: mencionó el puerto paralizado, obstáculos administrativos a la inversión y el hecho de que varios artículos queden librados a la reglamentación.

El nacionalista Sergio Botana coincidió en que falta bastante para un país competitivo y pidió al Ejecutivo “aprovechar el envión” para discutir combustibles, tarifas públicas, atraso cambiario y control de monopolios. Kechichian respondió que el proyecto no promete una transformación instantánea, sino un Estado más ágil y mercados más abiertos.

Qué no cambia todavía

No hay ley promulgada. No hay calendario público en Diputados. No hay, por la sola votación del Senado, un silencio positivo universal ni una baja asegurada de precios.

Si el texto se convierte en ley, los cambios más visibles para una familia o un comercio podrían aparecer en tiempos de trámites, comparación de precios, registros más largos, más importadores en algunos productos y herramientas para mipymes. La magnitud dependerá de la reglamentación y de la implementación.

El Senado cerró una etapa con un respaldo político poco frecuente en un paquete de 240 artículos. La siguiente se juega en Representantes.

Hechos contrastados con la cobertura de El Observador (27/08), El País (26/08) y la diaria (26/08), el ingreso oficial del proyecto al Senado (MEF, 18/06) y la ficha parlamentaria del asunto. Esta nota no afirma que la norma esté vigente ni que Diputados haya fijado fecha de tratamiento.