La comisión parlamentaria que investigó la compra y posterior rescisión de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama terminó su trabajo el viernes 21 de agosto. Después de seis meses y 17 sesiones, el organismo remitió cuatro informes a la Asamblea General: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana, uno de Identidad Soberana y otro de Cabildo Abierto.

El cierre no produjo una conclusión única. Por el contrario, dejó formalizadas interpretaciones diferentes sobre dos etapas: la contratación de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y las actuaciones que llevaron al gobierno de Yamandú Orsi a rescindir el contrato en febrero de 2026. La existencia de cuatro informes es el dato central para leer el desenlace sin confundir una posición partidaria con una decisión judicial.

Qué resolvió la comisión

Los cuatro documentos fueron elevados a la Asamblea General. El ámbito parlamentario también acordó remitir el material reunido a la Fiscalía, que podrá incorporarlo a las investigaciones en curso y evaluar si existen hechos con relevancia penal.

El Parlamento había definido como objeto de la comisión el análisis de hechos, actos y eventuales conductas irregulares vinculadas a la rescisión del contrato para adquirir las patrulleras. Que los antecedentes pasen a la Fiscalía no equivale a una imputación ni a una condena: una comisión investigadora reúne información y formula conclusiones políticas; la determinación de responsabilidades penales corresponde a la Justicia. La Asamblea General deberá tratar los informes, pero tampoco sustituye a los tribunales.

Dos lecturas opuestas sobre la contratación y la rescisión

El informe de la Coalición Republicana sostiene que la adjudicación original se ajustó al marco legal y contó con respaldo técnico de la Armada. También cuestiona el proceso seguido por la administración actual antes de rescindir el contrato. El documento opositor señala siete meses sin controles previstos y concentra sus objeciones en la secuencia de actuaciones realizada en los días previos a la denuncia y la rescisión.

La bancada del Frente Amplio, en cambio, atribuye responsabilidades a funcionarios que participaron en las distintas etapas del proceso de compra y defiende que el Estado debía actuar ante las irregularidades detectadas en las garantías. El punto de partida oficial de esa posición fue el anuncio del 22 de octubre de 2025, cuando Presidencia comunicó que existían fuertes indicios de fraude o estafa y que se iniciarían acciones administrativas, civiles y penales. Esa afirmación fue una posición del Poder Ejecutivo, no una sentencia firme.

La rescisión quedó formalizada el 13 de febrero de 2026 mediante una resolución de Presidencia. Otra resolución encomendó al Ministerio de Defensa iniciar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales para preservar los intereses del Estado.

La denuncia anunciada por la oposición

El cierre parlamentario tendrá además una derivación penal impulsada por la Coalición Republicana. Sus legisladores anunciaron que presentarán una denuncia contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos asesores, Damián Rojas y Daniel Marsiglia. La oposición cuestiona actuaciones realizadas durante la investigación administrativa y entiende que deben ser examinadas por la Fiscalía.

También aquí corresponde separar el anuncio político del resultado jurídico. La presentación de una denuncia abre una instancia de evaluación; no prueba por sí misma la comisión de un delito. Los denunciados tendrán derecho a responder y el Ministerio Público decidirá qué diligencias corresponden.

Qué sostiene Cardama

El astillero remitió un escrito de 20 páginas a la comisión y negó haber incumplido el contrato. La empresa afirmó que no fue intimada formalmente a sustituir la garantía cuestionada y que ofreció alternativas, entre ellas ampliar otra garantía o efectuar un depósito.

Es la versión de una de las partes del conflicto. El gobierno sostiene que hubo incumplimientos graves y formalizó la rescisión; Cardama rechaza esa interpretación y promovió un arbitraje internacional. Ninguna de esas posiciones queda laudada por el solo cierre de la comisión.

Qué sigue y qué está en juego

El contrato firmado el 15 de diciembre de 2023 establecía la compra de dos buques por 82,372 millones de euros, según el registro oficial del Ministerio de Defensa. Las coberturas parlamentarias sitúan en torno a US$ 30 millones los pagos ya realizados antes de la rescisión.

A partir de ahora corren varios carriles independientes: el tratamiento de los informes en la Asamblea General, las investigaciones penales, las acciones civiles y administrativas del Estado, y el arbitraje promovido por la empresa. Además permanece abierta la necesidad operativa de dotar a la Armada de patrulleras oceánicas.

La utilidad de los cuatro informes será aportar documentos, testimonios y argumentos a esas instancias. Su principal límite es igualmente claro: al no existir una conclusión común, el Parlamento no cerró la controversia. El caso Cardama pasa a una nueva fase, con posiciones políticas ya fijadas pero con responsabilidades jurídicas y consecuencias económicas todavía pendientes de resolución.