Uruguay avanza en las negociaciones para cerrar los dos arbitrajes internacionales promovidos por accionistas de Montecon ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como Ciadi.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que el Gobierno trabaja para finalizar los procesos iniciados por Neltume y Atco, pero aseguró que cualquier desistimiento deberá concretarse sin imponer condiciones al Estado uruguayo.

El proceso todavía no está terminado, según dejó en claro Presidencia.

Qué pretende Uruguay

La posición expresada por el Poder Ejecutivo es que los accionistas desistan de los arbitrajes sin que Uruguay asuma nuevas obligaciones como contrapartida.

Díaz señaló además que la intención es que el cierre tenga carácter definitivo para evitar que las compañías puedan iniciar posteriormente nuevos procedimientos legales contra Uruguay por los mismos asuntos.

La única salvedad mencionada por Presidencia refiere a posibles cuestiones vinculadas con costas y costos derivados de los procedimientos.

Los dos arbitrajes están en etapas distintas

Los casos fueron iniciados por Neltume y Atco, accionistas de Montecon, compañía que opera en el puerto de Montevideo.

Según explicó Díaz, los dos procesos no se encuentran en la misma etapa.

En el arbitraje correspondiente a Neltume ya fue constituido el tribunal.

En el caso de Atco, al momento del anuncio todavía no se había completado esa instancia. El registro público del Ciadi mantiene el expediente ATCO Ltd. v. Uruguay (ARB/24/11) en estado pendiente, con suspensiones acordadas entre las partes.

También estaba prevista para los primeros días de setiembre una audiencia vinculada con aspectos del procedimiento.

Por qué comenzaron los reclamos

Los litigios están relacionados con los cambios producidos en la operativa de contenedores del puerto de Montevideo después del acuerdo alcanzado por Uruguay con Katoen Natie.

Ese entendimiento extendió la concesión de Terminal Cuenca del Plata y modificó las condiciones bajo las cuales se desarrolla parte de la actividad portuaria.

Los accionistas de Montecon consideraron que determinadas decisiones adoptadas por Uruguay afectaban sus inversiones y recurrieron al mecanismo internacional de solución de controversias.

Uno de los procedimientos se inició bajo las disposiciones de protección de inversiones entre Uruguay y Chile.

Sobre la operativa reciente del puerto, ver: TCP retomó la operativa en Montevideo y el conflicto portuario.

Qué es el Ciadi

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones forma parte del Grupo Banco Mundial.

Su función es ofrecer mecanismos de arbitraje y conciliación para controversias relacionadas con inversiones entre Estados e inversores extranjeros.

Los procedimientos pueden involucrar reclamos económicos significativos y suelen extenderse durante varios años.

Un acuerdo que ponga fin anticipadamente a los procesos puede reducir costos legales y eliminar incertidumbre para ambas partes.

Qué significa cerrar “sin condiciones”

La aclaración realizada por Presidencia busca establecer que Uruguay no entregaría concesiones adicionales ni asumiría compromisos como condición para que las empresas retiren las demandas.

Según Díaz, el Gobierno pretende que la finalización de los procedimientos impida además que los mismos reclamos sean presentados nuevamente.

En términos jurídicos, esto es especialmente relevante porque diferencia una simple suspensión o retiro temporal de una resolución definitiva de la controversia.

Todavía no existe un acuerdo definitivo

Aunque Presidencia habló de avances, el cierre formal todavía no se produjo.

Por eso esta nota mantiene expresiones como “Uruguay busca cerrar”, “avanza en el cierre” y “negocia la finalización”.

No se afirma que Uruguay cerró los arbitrajes ni que Montecon retiró definitivamente las demandas, hasta que exista confirmación oficial del cierre formal de ambos procesos.

Qué está en juego

Los arbitrajes internacionales tienen relevancia no solamente por sus potenciales consecuencias económicas.

También forman parte de una discusión más amplia sobre la estructura de la operativa de contenedores del puerto de Montevideo, uno de los puntos centrales de la infraestructura logística y comercial del país.

El cierre de los procedimientos eliminaría dos focos de incertidumbre jurídica internacional vinculados a esa reorganización portuaria.