Uruguay acompañó en Washington la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena al gobierno de Nicaragua y le exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos, pero dejó por escrito que no comparte uno de sus puntos centrales: el que presenta la crisis nicaragüense como un riesgo para la paz y la seguridad del continente.

El texto fue aprobado por consenso en una reunión extraordinaria de cancilleres convocada para tratar la situación en ese país, que abandonó la organización. Uruguay y Brasil registraron sus objeciones en notas al pie, el mecanismo que permite sumarse al consenso sin avalar cada párrafo.

El párrafo en discusión

El punto sexto de la resolución sostiene que lo que ocurre en Nicaragua podría «poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región». Esa formulación fue impulsada por Estados Unidos con el apoyo de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En su nota, Uruguay señaló que «no comparte que la misma pueda ser caracterizada como una potencial amenaza a la paz y seguridad de todo el hemisferio, decisión que en cualquier caso le correspondería al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».

En la sesión, el representante uruguayo advirtió que esa redacción «podría dar lugar a medidas que vulneren el principio de no intervención, incluida la amenaza o el uso de la fuerza». La no intervención es uno de los pilares históricos de la política exterior del país.

Brasil fue en la misma línea. Su embajador, Benoni Belli, cuestionó lo que llamó la «paz por la fuerza» y dijo que no puede convertirse en un lema para la región.

La posición de Washington

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, defendió el texto y dirigió un mensaje directo al gobierno nicaragüense: «Todos nosotros les estamos vigilando». Washington reiteró que mantiene «todas las opciones sobre la mesa» frente a Managua.

El grupo de diálogo

Además de la condena, la resolución crea un grupo de trabajo voluntario de países miembros para abordar la crisis democrática en Nicaragua. Ese grupo deberá explorar acciones diplomáticas y jurídicas «que no impliquen el uso de la fuerza», una precisión que recoge parte de las preocupaciones planteadas por Uruguay y Brasil.

Qué sigue

  • El grupo de trabajo tiene 60 días para presentar sus recomendaciones a los Estados miembros.
  • Resta saber qué países lo integrarán y si Uruguay participará.
  • Nicaragua, fuera de la OEA, no reconoce la competencia de la organización y no se espera que acate la resolución.